El 'procés' y la marcha atrás

Pongámonos en contexto: nos prometieron la independencia con la consulta fallida de 2014, nos dijeron que las elecciones del 27 de Septiembre eran un plebiscito y lo perdieron (el independentismo obtuvo un 47’8% de los sufragios), nos dijeron que la independencia se materializaría en 18 meses, pero hicieron una consulta ilegal el 1 de octubre declarada nula por el Tribunal Constitucional, incumplieron el artículo 4 de su Ley de Transitoriedad Jurídica en la que se decía que a las 48h de la proclamación oficial de los resultados el Parlament declararía la independencia (hecho que no sucedió), la declararon a posteriori pero la suspendieron, la volvieron a declarar y medio Govern se fugó a Bélgica.

Todos estos hechos han tenido unas consecuencias políticas, económicas, jurídicas y sociales que deberían hacer pensar a más de uno. Las políticas son que ningún estado, ni institución europea, ni la propia ONU han reconocido a Cataluña como un estado independiente y han reiterado que Cataluña no puede ser sujeto de derecho de autodeterminación y que se debe respetar el orden constitucional. Las económicas han supuesto en Cataluña la fuga de 2.573 empresas, la caída de un 10,2% de la inversión y la mayor subida del paro desde 2008. Las jurídicas son la incoación de un proceso penal por la comisión de presuntos delitos (prevaricación, malversación de fondos públicos, desobediencia, sedición y rebelión), pero resulta curioso que se sorprendan por este proceso después de violar su propio Estatut, la Constitución y desobedecer a los letrados del Parlament, al Consell de Garanties i al propio Tribunal Constitucional. Y finalmente las más graves: las sociales. El «procés» ha fragmentado la sociedad, ha quebrado la convivencia y ha dividido familias, entre independentisas y malos, entre demócratas y tiranos.

Ahora, ante el manifiesto fracaso del procés los líderes de ERC y la antigua Convergència ya nos dicen que la DUI fue simbólica, que no tienen una mayoría suficiente, que las Leyes del Referéndum y de Transitoriedad eran un sinsentido, que ya no pueden optar por la vía unilateral e incluso acatan el artículo 155 de la Constitución al concurrir en unas elecciones convocadas a su amparo. Alegra saber que finalmente reconocen lo que llevan negando 5 años, pero el daño ya está hecho.

El 21 de diciembre se deberán depurar responsabilidades políticas y el Tribunal Supremo (cuando asuma toda la causa) deberá depurar las presuntas responsabilidades penales. Los catalanes podrán elegir entre tres opciones: la persistencia en la deriva hacia el abismo, el inmobilismo o la apuesta por un nuevo marco de convivencia. Las cartas están sobre la mesa, que el seny vuelva a imperar, alea iacta est.