En política, los gestos nunca son inocentes. Y mucho menos lo son los nombramientos. La designación de Francina Armengol como Presidenta del Congreso fue claramente deliberada. El presidente del Gobierno eligió a una persona de su círculo de confianza, con un historial de obediencia política y lealtad al partido por encima de cualquier exigencia moral e institucional. El objetivo era evidente: controlar el Congreso, y Armengol era la persona indicada para lograrlo.
En Baleares la conocemos bien. Ahora la conocen en el resto de España. Sabíamos más que nadie en qué iba a consistir su encargo. Su trayectoria como presidenta del Govern balear, caracterizada por un fanático servilismo a las directrices del PSOE y una inocua capacidad para el diálogo con la oposición, ya anticipaba lo que estaba por llegar: una presidencia al servicio de La Moncloa.
Su reputación la precede: lleva bloqueadas hasta dieciséis iniciativas legislativas remitidas por el Senado promovidas por el Partido Popular; impuso y dispuso los nombramientos de funcionarios cualificados en función de sus intereses y no los de la cámara; a punto estuvo de mandar a callar al líder de la oposición siguiendo instrucciones de Pedro Sánchez; promovió la renovación del Consejo de RTVE cuando la actividad parlamentaria se paralizó por las consecuencias de la DANA e incluso, ha llegado a plantear sanciones a periodistas debidamente acreditados en la cámara.
La semana pasada lo volvió a hacer. Por primera vez en 50 años de democracia, Francina Armengol ha censurado el debate y votación de dos enmiendas aprobadas por el Senado. Una burda maniobra organizada por el Gobierno para evitar que saliera adelante una propuesta incómoda para el Gobierno: la bajada del IVA a los alimentos de primera necesidad, impulsada por el Partido Popular en el Senado.
Este chanchullo parlamentario es un estacazo en toda regla al proceso legislativo y a la separación de poderes. Por mucho que se intente justificar la treta invocando el artículo 134.6 de la Constitución, lo cierto es que este artículo no fue diseñado para blindar al Gobierno de propuestas legítimas y reglamentarias aprobadas por el Senado. Sin embargo, se ha usado como pretexto para censurar un debate incómodo para Sánchez, y eso se llama censura parlamentaria.
Hay que decir en su descargo que Francina Armengol no tiene un pelo de tonta. Que no actuó por error, sino por decisión. Fue un acto a sabiendas, consciente y querido. Los avisos legales estaban sobre la mesa y fueron ignorados deliberadamente. Hubo serias advertencias de los letrados sobre la manifiesta inconstitucionalidad. Por aquí me entra y por aquí me sale -pensaría ella-. No importaban los dictámenes jurídicos, ni la separación de poderes, ni el reglamento de la cámara, ni la Constitución, tampoco la democracia. Importaban más los intereses del Gobierno y las voluntades de su líder.
Al igual que Carme Forcadell, -quién propició la aprobación fraudulenta de las leyes de desconexión-, Francina Armengol actúa como una activista semejante. La presidencia de Carme Forcadell no fue neutral presidiendo el Parlament de Cataluña: fue parcial y al servicio de una agenda política que ignoraba las advertencias del Tribunal Constitucional. Pasará a la historia como la presidenta que más ha quebrado las normas del respeto institucional en democracia. Francina Armengol le sigue de cerca.
Y cuando una presidenta de un Parlament se salta los reglamentos para imponer una agenda secesionista, y cuando la otra niega la legitimidad de una cámara como el Senado para introducir enmiendas válidas, lo que está en juego no es solo una ley o un momento político puntual: está en juego el Estado de derecho y la arquitectura institucional que sostiene la democracia que nos hemos dado.
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