Dos años para echar a un ‘okupa’

Sin embargo, la realidad es diferente y el tiempo de espera para recuperar una vivienda okupada en España está en máximos históricos. A finales del año 2024 un propietario necesitaba casi dos años para que los jueces ordenen el desalojo por okupación, según los datos que ha hecho públicos el Consejo General del Poder Judicial.

Este mismo organismo concluye que el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de lo Civil se situó en 12 meses en 2023, frente a los 10,6 meses de 2022. En el último lustro, el plazo prácticamente se ha triplicado.

Los okupas tienen su propia forma de actuar para poder alargar su permanencia en las viviendas asaltadas. La estrategia principal consiste en alargar el proceso judicial el mayor tiempo posible, rechazar testificaciones, ignorar notificaciones del juzgado e inculparse en masa. De esta manera el procedimiento se alarga unos 24 meses.

Los expertos en derecho inmobiliario lamentan que cada vez cueste más tiempo echar a un okupa. Esto se debe, señalan, al colapso que tienen los juzgados por la falta de medios humanos y materiales para resolver con agilidad todas las denuncias por okupación.

Al margen de los plazos, la ley es claramente garantista con los ‘okupas’. Como es sabido, un propietario no puede cortar la luz y el agua a los delincuentes que asaltan su casa. Si lo hace puede ser acusado de intimidación. Un ‘okupa’, sin embargo, puede demostrar que lleva más de 48 horas en un inmueble presentando el simple ticket de una pizza entregada a domicilio, lo cual demuestra que vivimos en un sistema tercermundista y lejos del más mínimo sentido común.

En el tema de la ‘okupación’ no cabe actuar con tibieza. Hay que decir si se está con la actual ley que protege a los ‘okupas’ o, por el contrario, se apuesta por unas leyes más contundentes para acelerar los desalojos. Ya sabemos que el PP ha presentado una ley en el Congreso para acelerar las actuaciones contra estos delincuentes, mientras PSOE dice que la actual ley es suficiente y Podemos incluso comprende a los ‘okupas’ porque, pobrecillos ellos, no tienen vivienda y tienen que asaltar propiedades privadas.

Para todos aquellos que apelan a la Constitución para defender el derecho a una vivienda digna también hay que recordar que la Carta Magna, en su artículo 33, apela al derecho a la propiedad. Los dueños de viviendas, aunque las tengan vacías en momentos determinados, no tienen que pagar las consecuencias de una mala política en materia de vivienda.

No hace falta ser un lince para vaticinar que la situación que se vivió la semana pasada en Sant Antoni es el camino que se utilizará a partir de ahora para resolver situaciones similares que se vivan en los municipios ibicencos. Sin duda, no es la mejor opción para resolver este problema social, pero parece que es la única y que funciona. Les guste o no, lo vivido en Sant Antoni es el fracaso de la política. Y no ayuda nada cuando escuchas determinados planteamientos a favor de los ‘okupas’. Realmente indigna mucho escuchar opiniones a favor de estos delincuentes.