Ataquen al bolsillo de los piratas

Ayer se dieron a conocer dos actuaciones del Consell d’Eivissa y del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que permitirán mejorar la eficacia de la lucha contra la oferta turística ilegal. Por un lado, tenemos la firma de un acuerdo entre el Consell y Airbnb para que la plataforma de comercialización turística retire los anuncios de alojamientos ilegales en caravanas, furgonetas, tiendas de campaña y otras excentricidades, tan pronto como la Oficina de Lucha contra el Intrusismo de la institución insular les abra expediente, además de bloquear al anunciante pirata. Al parecer, unos 300 anuncios de este tipo ya han sido cancelados en las últimas semanas, casi nada. Se trata de un paso en la dirección correcta, pero dada la gravedad de la situación se ha de ir más allá. Por otro lado, tenemos al Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy, –el ministro al que el dueño de Ryanair difama llamándole payaso, señal que algo bueno estará haciendo–, abriendo expediente sancionador a grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas, infringiendo la Ley al ofrecer información falsa o que induzca a error a los usuarios, como cuando se hace creer faltando a la verdad que el arrendador de una vivienda es un particular, pero realmente es una empresa. Ya sospechábamos que desde el Gobierno de España se podía hacer mucho más para meter en vereda a los timadores y a los especuladores inmobiliarios que trabajan en el mercado del alquiler vacacional. Y debemos celebrar que el Ejecutivo de PSOE y Sumar se ponga las pilas y se desperece de una vez, haciendo lo que se espera de él, que es trabajar para acabar con el pirateo de viviendas, que tanta falta hacen a los residentes y trabajadores. No hay otro camino que la mano dura y el palo y tentetieso, porque la codicia no entiende de buenas palabras.