Cada vez estoy más convencido de que algunos políticos creen que los ciudadanos son estúpidos, que no se enteran de nada, y que tragan con todas las patrañas que ellos sueltan a diario mientras los servicios públicos cada vez son más nefastos y los problemas no se resuelven ni por casualidad.

Me explico. El Gobierno acaba de aprobar un nuevo decreto omnibus que se negaba a trocear para incluir medidas tan importantes como la revalorización de las pensiones, la gratuidad del transporte público, la prórroga del decreto antiokupas y las ayudas de la Dana, entre otras cosas.

Entre una de las medidas que se van a aprobar en el nuevo decreto ominubus figura también las ayudas a los afectados por la erupción del volcán de La Palma. Recordemos que la catástrofe en la pequeña isla canaria comenzó un 19 de septiembre y no se detuvo hasta 85 días después. Durante ese tiempo el fuego arrasó 1.200 hectáreas y los daños causados en cultivos y edificios superaron los 500 millones. Los vecinos cuyas viviendas fueron arrasadas por el fuego se realojaron en containers, donde aún siguen. Por lo tanto, el Gobierno ha decidido que ahora es el momento a aprobar las ayudas por un desastre natural ocurrido hace casi cuatro años, o sea, en septiembre de 2021, pero se ve que no ha habido tiempo en dar una solución hasta ahora.

Otro ejemplo de nuestro supuesto grado de estupidez es puesto a prueba a diario cuando nos intentan hacer creer que el hermano de Pedro Sánchez es una víctima de una campaña de acoso y derribo de los sindicatos fascistas y medios de comunicación de la fachosfera por ocupar un horado y merecidísimo puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz. Todos hemos podido ver los vídeos donde se ve al tal David Sánchez balbuceando cuando la jueza le preguntaba si sabía donde estaba su despacho. Tampoco supo responder qué era el departamento de Artes Escénicas que él mismo dirige todavía. Pese a las evidencias de que el hermano de Sánchez se parece más al protagonista de Forrest Gump que a un brillante músico nos quieren hacer creer que este asunto es lo más normal del mundo, que ocurre en todas las diputaciones provinciales conseguir enchufar amigos y familiares, y que no hay que darle mucha importancia. O sea, hay que tragárselo todo ya que el beneficiario es el hermano de un presidente de Gobierno que presume de progresista y cuyo objetivo es defender a todos los ciudadanos de las injusticias sociales.

También nos toman por estúpidos cuando intentan hacernos creer que la mujer de Sánchez cumplía los requisitos necesarios para dirigir un máster en la Complutense cuando en realidad no hubiese podido participar ni como alumna al no tener ningún título universitario, como se ha dicho en distintas ocasiones. En lugar de presentar la dimisión por utilizar la influencia de su despacho en Moncloa para colocar a su esposa, que es algo que harían países realmente democráticos como Reino Unido, Francia o Alemania, Sánchez prefiere impulsar una ley para frenar los supuestos bulos de medios de comunicación y regular las acusaciones particulares para evitar que nadie acuse a su esposa de los delitos que se le imputan. Es decir, que la causa contra su mujer se archive de manera definitiva.

Seguramente somos bastante tontos cuando quieren hacernos creer también que pactar con un prófugo de la justicia como Puigdemont es algo normal en un país democrático, que es algo bastante lógico que los presupuestos generales del Estado estén en manos de alguien que no ha cumplido con su obligación de presentarse ante los jueces para explicar si incumplió la ley al declarar la independencia de Cataluña durante unos segundos.

Pues no, no somos estúpidos. Todo lo que está ocurriendo en este país no es ni medio normal y hace tiempo que se merece una reacción popular ante la incapacidad de la clase política de poner punto y final a la peor etapa de la etapa democrática de España. Mientras ese momento llega, que llegará, seguirán creyendo que los ciudadanos nos creemos todo lo que nos cuentan.