Imagen de archivo del Parlament de les Illes Balears durante una sesión de control. | Europa Press - Isaac Buj

Durante esta semana el PSOE ha vuelto a la carga en su defensa de la extinguida Oficina Anticorrupción. Ahora el problema son los expedientes que se quedaron pendientes de resolver, más de 200, y los socialistas consideran un escándalo que no se sigan tramitando y, sobre todo, que la custodia de los documentos dependa del presidente del Parlament.

Realmente me cuesta entender esta estrategia cuando ha quedado sobradamente acreditado que esta oficina nunca tuvo interés en investigar al Govern y que se limitó a perseguir a los rivales políticos del PSOE, sobre todo a dirigentes del PP. Ahí tenemos el caso de Vicent Marí, presidente del Consell d’Eivissa, investigado por dicha oficina por un contrato para la promoción turística de la Isla tras la pandemia. El informe de la Oficina Anticorrupción acabó en Fiscalía, que evidentemente presentó una querella contra Marí. El presidente del Consell nunca acudió a Anticorrupción para poder defenderse. Dos años después el tema quedó archivado por el juez que instruyó la causa. Lo mismo le ocurrió a Marta Díaz, exconsellera socialista y enemiga conocida de Pilar Costa y Francina Armengol. Se la denunció, no se le dio la oportunidad de defenderse, y el tema quedó archivado.

No hace falta recordar algunos casos vinculados al Govern que quedaron en el olvido, en un cajón. Ahí tenemos el demoledor informe redactado durante la etapa del primer director de dicha oficina sobre los gastos sanitarios en pandemia. Se denunciaba, por ejemplo, que no se hubiese valorado la solvencia de la empresa de la ‘trama Koldo’ a la hora de comprar las mascarillas. ¿Se hizo algo desde el Govern o se intentó tapar el tema? Más bien lo segundo. Tampoco hubo respuesta oficial cuando se investigó sin mucho interés que algunos miembros del Consell se saltasen el turno en las vacunaciones. No se investigó y los infractores fueron ascendidos a nivel interno por el propio PSOE.

Ante este historial de fracasos cuesta entender que aún se atrevan a defender esta oficina pagada por los ciudadanos en lugar de pedir disculpas y devolver lo que ha costado. Porque usar dinero público por interés partidista es un delito. O realmente nos toman por tontos o se consideran intocables al seguir defendiendo la oficina de la vergüenza.