Policía Nacional en Ibiza. | Antònia Maria Portell Salas

Ibiza es, de algún modo, una isla secuestrada. Nuestra sociedad se encuentra atrapada en una batalla contra el intrusismo laboral que actúa y se expande prácticamente en todos los sectores económicos. Desde los taxis ilegales hasta los vendedores ambulantes, pasando por cuidadores sin la titulación necesaria atendiendo a los usuarios de las residencias de mayores. Ahora vemos que incluso la seguridad privada se ve afectada, con la proliferación de vigilantes de seguridad sin licencia, según informa la Policía Nacional, que advierte de que puede haber multas de hasta 100.000 euros a villas que contraten personal de seguridad sin habilitación. Es un paso necesario, aunque tardío, para frenar esta marea de ilegalidad. Sin embargo, castigar no será suficiente si no se atacan las causas estructurales del problema: la falta de mano de obra cualificada y el encarecimiento de los servicios legales. En una economía sobrecalentada como la de Ibiza, donde el coste de la vida y los costes empresariales se disparan, muchos optan por la picaresca como forma de vida. Ibiza es un terreno fértil para quienes operan al margen de la ley. Por eso es preciso reforzar las inspecciones y sanciones para disuadir a los piratas, pero para eso hacen falta más inspectores y más policías, algo que es difícil de corregir porque vivir aquí es mucho más caro que en otros lugares. Es la pescadilla que se muerde la cola. Mientras no haya un mayor respeto por las normas, entendidas como una forma de proteger a trabajadores, empresas y consumidores, no habrá nada que hacer. Porque el intrusismo no es solo una cuestión de competencia desleal; se trata de seguridad, calidad y dignidad laboral. Si no se actúa con firmeza y visión de futuro, corremos el riesgo de que la economía de Ibiza se convierta en un barco a la deriva, donde los piratas de la ilegalidad sigan ganando terreno.