Sin duda una de las noticias destacables del último mes de 2024 fue la no presentación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025. Ello supone que el presente año empieza con presupuestos prorrogados, cosa que ocurre por segunda vez en el actual periodo democrático. Se trata de una noticia que si bien y por parte del actual Govern Balear se le ha pretendido restar importancia, lo cierto es que sí la tiene y se pueden adivinar dos cuestiones muy claras.

La situación pone al Ejecutivo autonómico ante dos escenarios. El primero de ellos tiene que ver con la forma de gestionar desde el punto de vista presupuestario todo aquello que se había proyectado para este ejercicio de 2025. Trabajar con la inexistencia de unos presupuestos aprobados y con partidas específicas para cada propuesta o proyecto no es lo mismo que tener que estar tramitando modificaciones de crédito que puedan ajustarse a unas cuentas que pertenecen al proyecto del año anterior.

La imposibilidad de poder aprobar los presupuestos del presente año viene dada por la ruptura total, al menos de momento, del acuerdo suscrito por el PP con la extrema derecha de nuestras islas. Hay que recordar que tal circunstancia no se da por iniciativa de partido en el Govern y es Vox quien decide romper el acuerdo alcanzado en su momento. Evidentemente, tal decisión deja a los pies de los caballos a Marga Prohens y su Ejecutivo, ya que el PP se queda tan solo con sus 25 votos en el Parlament y a los que tan solo podría sumar el voto del defenestrado y por tanto ex presidente del Consell Insular de Formentera, quien sigue siendo diputado en la Cámara Autonómica. Con este escenario está claro que las cuentas no salen ya que la oposición también cuenta con 25 votos, a los que se podrían sumar los de Vox y ello imposibilitaría que los presupuestos salieran adelante.

Pero junto a este escenario negativo desde el punto de vista de la estabilidad en la gestión económica se abre el telón de otro escenario totalmente novedoso y prácticamente desconocido hasta la fecha en nuestras islas. Digo prácticamente y no absolutamente debido a que en el último mes de 2024 tuvo lugar en el Parlament una votación atípica y provocada por la necesidad imperiosa del Govern del PP de no verse abocado al hundimiento total.

Tal circunstancia hizo que se tumbara la propuesta de Vox de derogar la ley de memoria democrática y ello se consiguió con los votos en contra de todos los grupos de izquierdas del Parlament y la abstención de los diputados del PP. El acuerdo alcanzado por el Govern y la oposición permitió también tumbar la posibilidad de eliminar el catalán como lengua vehicular en la enseñanza y como requisito para poder trabajar en la administración pública o la posibilidad de construir en zonas de máxima protección territorial conocidas como ANEI. Con el consenso alcanzado para esa votación, también se prohibía la construcción de nuevas edificaciones en zonas inundables o la legalización de aquellas construidas ilegalmente en su momento en esas zonas de riesgo.

Queda claro que la necesidad permitió un acuerdo impensable en otro momento entre la oposición y el partido en el Govern. Y es precisamente ese acuerdo puntual lo que abre la puerta a la posibilidad de sentarse a negociar por ambas partes de cara a unos presupuestos que necesariamente deberían ser distintos a los que se iban a presentar y que tenían como base los 110 puntos del acuerdo alcanzado en su momento por PP y Vox.

Evidentemente, tal posibilidad debería pasar por la predisposición de ambas partes a mostrar una necesaria flexibilidad    y una voluntad de cesión en los postulados de cada una de ellas. Se trataría básicamente de dejar fuera cualquier propuesta cercana a los requerimientos de la extrema derecha y acercar posturas en lo que se refiere a las que puedan y quieran presentar tanto la derecha como la izquierda.

Para ello resulta imprescindible que se aparquen postulados que puedan resultar irreconciliables entre las partes y, partiendo de las cesiones se vea todo aquello que pudiera ser aceptable por ambas partes y, que pudiera permitir un acuerdo que resultara defendible y por el que pudieran verse beneficiados tanto la derecha en el poder como la izquierda en la oposición.

El punto de partida ya existe y bien harían unos y otros aprovechando la oportunidad que las circunstancias han acabado poniendo sobre la mesa. Eliminar del tablero de juego el peligro que suponen las ideologías xenófobas, homófobas, machistas y los ensueños de regreso a una dictadura de la extrema derecha representada por Vox siempre será positivo para la democracia y para la sociedad en general.

Un gobierno en minoría se ve abocado a estar negociando permanentemente y si existe la oportunidad de hacerlo a partir de unas líneas generales previamente consensuadas, pueden dejar un escenario de futuro más llevadero para todos.