El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. | - Fernando Sánchez - Europa Press

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció este martes la aprobación de un anteproyecto de ley del derecho a la rectificación que ha generado gran controversia. Y es que la pretensión del Gobierno de Sánchez es meter en vereda a los usuarios de redes sociales e influencers que, con más de 100.000 seguidores, osan criticar las hazañas del sanchismo. Realmente, la nueva ley no varía apenas nada con respecto a la ya existente. El problema es que pone en el punto de mira a unos medios digitales y personas que tienen hoy en día más influencia entre los ciudadanos que la prensa tradicional y los políticos. Parece que la reforma legal se ha basado en el axioma de «muerto el perro, se acabó la rabia». Miedo da pensar en cuál puede ser el siguiente paso.

La pretensión de acabar con la libertad de expresión e información y que esta solo pueda ser ejercida por los afines a Sánchez y su colla de malbaratadores no es nueva. Durante la pandemia, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el coronel José Manuel Santiago, ya dijo aquello de que la Benemérita, mientras los demás nos moríamos de asco en casa, trabajaba para minimizar «el clima contrario» a la gestión gubernamental. Poco después, se anunció la Comisión Permanente contra la Desinformación. Y este año se han sacado de la manga el Plan de Acción por la Democracia, al que ahora se suma lo de la rectificación. Todo con el fin, dicen, de proteger la verdad. Su verdad, obviamente.

A mí me caen fatal los socialistas. Pero de ahí a defender que no tengan derecho a expresar su opinión hay un trecho largo. Incluso, si me apuran, defenderé siempre su derecho a tomarnos el pelo. Ahora, lo que no van a poder evitar es que cada día seamos más fachas. Y orgullosos de ello.