Al fondo, un conocido hotel de Sant Antoni. | Irene Arango

Gran Hermano se muda al turismo: el Decreto que pone al Ministerio del Interior como tu nuevo recepcionista promete transformar nuestras vacaciones en algo más parecido a un episodio de Black Mirror que a una postal de verano. Ahora, hoteleros, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos y hasta gestores de casas rurales tendrán que informar al Ministerio del Interior sobre nuestras reservas aportando nada menos que hasta 43 datos sobre ellas. Lo que en apariencia podría sonar como un noble esfuerzo por mejorar la seguridad, también abre la puerta a un laberinto de vigilancia, burocracia y dudas sobre la privacidad.

Es cierto que la seguridad es un asunto importante, pero este decreto parece mezclar churras con merinas. En el eterno debate libertad frente a seguridad, la izquierda intervencionista siempre lo ha tenido claro: más Estado, más control, más límites. A los hoteleros se les impone ahora una carga administrativa más. Como si no tuvieran ya suficiente con lidiar con clientes que no saben usar cafeteras o viajeros que exigen descuentos imposibles porque «en internet ponía otra cosa». La cuadratura del círculo ver cómo caía el sistema en su primer día de funcionamiento en diciembre (imagínese en agosto).

Es crucial cuestionar estas medidas que, bajo la bandera de la seguridad, erosionan derechos fundamentales. Hoy entregamos al Estado la llave de nuestras reservas; mañana podría ser el acceso a nuestras conversaciones.

Queda por ver si este decreto realmente contribuirá a la seguridad o si será otro ejemplo de confusión entre vigilancia masiva y eficacia. Mientras tanto, no olviden saludar a la cámara de recepción. Tal vez sea su última oportunidad de privacidad antes de que el recepcionista trabaje para el Ministerio del Interior.