Que equivocarse es humano, todos lo sabemos; ahora bien hay que reconocer que hay errores y errores. Esta semana se ha debatido en el Parlament Balear, tal y como estaba previsto, la denominada ley de simplificación y racionalización administrativas de nuestra Comunidad Autónoma. Se trata de una ley que supuestamente debía servir para dotar a la Administración de nuestras islas de una mayor eficiencia y por ende de una mejora y efectividad en la gestión pública.
Para conseguir tal objetivo se proponía la modificación de prácticamente medio centenar de leyes. Con ello se supone que a través de una modificación normativa de tal calado, debía conseguirse una efectividad en la gestión pública desconocida hasta la fecha. Pero claro, no siempre salen las cosas tal como se han planificado y ocasionalmente salta a la palestra alguna sorpresa de última hora. Y eso es lo que ocurrió el pasado martes en nuestra cámara autonómica.
De entrada y a raíz de las terribles consecuencias que la Dana acabó provocando en Valencia hace unas semanas, tanto el PP como los partidos de la oposición en Baleares, no tuvieron más remedio que aceptar la inconveniencia del texto que se pretendía votar y aprobar por parte del Govern, ya que el mismo permitía que se siguiera construyendo en las denominadas zonas inundables en nuestras islas. Las terribles consecuencias que las tremendas inundaciones acabaron teniendo en Valencia, hizo que unos y otros expresaran la necesidad de negociar alguna modificación del texto en cuestión, a fin de evitar que aquí pudiera ocurrir lo mismo que en la región levantina.
Finalmente no hubo ningún tipo de acuerdo, como ya viene siendo habitual y se iba a debatir y votar el texto de la ley tal como se presentó inicialmente. Por supuesto que en el proceso del pleno, se debían votar todas aquellas enmiendas que para el pasado martes continuaran vivas. Y fue precisamente en este trámite ordinario y que no debía suponer ningún quebradero de cabeza para el Govern, cuando salto todo por los aires. De manera sorpresiva y si bien se suponía que tanto el PP como los partidos de la oposición iban a votar en contra de un paquete importante de enmiendas presentadas por Vox, los populares acabaron votando a favor de una treintena de esas enmiendas.
Desde el PP se ha dicho que tal votación había sido un grave error de su grupo parlamentario y que buscaría la fórmula para corregirlo cuanto antes. Lo cierto es que tal «supuesto error» permitió aprobar propuestas tan peligrosas como permitir construir en terrenos de máxima protección como son las áreas naturales de especial interés (ANEI) o la eliminación del catalán en la función pública, ello además de mantener la posibilidad de edificar en zonas inundables o legalizar edificaciones fuera de ordenación situadas en esas mismas zonas con riesgo de inundación.
La oposición ha tachado todo este asunto de catástrofe legislativa, yo más bien lo denominaría como una «escandalosa chapuza». Parece increíble que nadie del grupo parlamentario mayoritario en la cámara autonómica fuera capaz de ver lo que estaba pasando y se acabara confirmando tal desaguisado.
Por todo ello y a pesar de la asunción del error por parte del PP, es comprensible que por parte de algunos no se tenga tan clara esa voluntad de votar en contra de todas las aberraciones propuestas por la extrema derecha. No debemos olvidar que es precisamente ahora cuando PP y Vox están en plenas negociaciones sobre los presupuestos generales para el próximo año.
El portavoz del Govern y Conseller de Hacienda, se ha apresurado a afirmar que desde el ejecutivo autonómico se aprobará un nuevo decreto ley para que esas enmiendas de Vox aprobadas el pasado martes no lleguen a entrar en vigor y por tanto a ser una realidad; ello se prevé hacer el mismo día que la ley aprobada el martes se publique en el BOIB.
Por otra parte cabe señalar que se está en plena tramitación de la ley de presupuestos para 2025 y que para que estos se aprueben, el PP necesita de los votos de la extrema derecha. Veremos hasta donde llega la citada negociación que puede acabar en un peligrosísimo acuerdo que a día de hoy se desconoce.
Por parte de Vox ya han expresado su sorpresa por la prontitud con la que el portavoz popular Toni Costa ha salido a anunciar que tumbará sus enmiendas aprobadas y no le quepa duda a nadie que van a utilizar este supuesto error para poner entre la espada y la pared al Govern. Solo pensar en las exigencias que Vox pueda poner sobre la mesa para acceder a aprobar los presupuestos, le entran a uno auténticos escalofríos.
Veremos cuál es el precio que el PP está dispuesto a pagar y la nefasta repercusión que tal acosa pueda tener para la sociedad en general. La chapuza de un Govern en manos de Vox, nos puede salir muy cara.