La basura por obligación

El gobierno de Sánchez así lo ha decidido a través de la transposición de una directiva que convirtió en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Esta ley fuerza a los ayuntamientos a aprobar el incremento de una tasa y, con ello, elevar la presión recaudatoria sobre los vecinos para que asuman íntegramente de su bolsillo la recogida, tratamiento y eliminación de la basura, en aplicación del principio de quien más contamina, más paga.

Si bien es cierto que esta nueva realidad arranca de la normativa europea sobre residuos, también es verdad que esa normativa contemplaba hasta quince recomendaciones para alcanzar unos objetivos medioambientales, fijando el año 2030 como límite para la consecución de algunos de ellos.

Y esas recomendaciones, que permitían cierta progresividad en su desarrollo y aplicación, las ha convertido Pedro Sánchez en una imposición legal con fecha de vencimiento. Lo que era potestativo lo ha convertido en obligatorio, cargando a las familias con un nuevo gasto, aun cuando el presupuesto municipal tuviese capacidad financiera suficiente para cubrir el déficit que genera este servicio.

Es innegable que el tratamiento de residuos, desde el principio hasta el fin de su cadena, tiene un coste que tenemos que asumir todos. Ahora bien, esto no significa que deba ser a base de decisiones impuestas desde el Gobierno central, despojando a los ayuntamientos de margen para crear un sistema más justo y menos lineal que permita cobrar la tasa con arreglo a lo que cada uno generamos.

Si el espíritu de la norma consiste en aplicar el principio de quién más contamina más paga, debería existir la posibilidad de no pagar o pagar menos si no se contamina o se contamina menos. Obvio. De lo contrario, se estará obligando a los ayuntamientos a aplicar una tasa deforme en su configuración e injusta en su ejecución. Aplicar obligatoriamente el incremento de una tasa con una cuota fija implica que los domicilios que generan menos y separan más residuos están subvencionando implícitamente a aquellos con peores prácticas ambientales en materia de residuos. Otra obviedad.

Como ya se ha dicho, se debería cobrar por generación y no a todos por igual. Sería lo deseable. Lo más objetivo. Ahora bien, no existe un criterio uniforme en este sentido, lo que fomentará la aprobación de tantas ordenanzas como ayuntamientos existan.

Un verdadero desbarajuste provocado por la precipitación y la ausencia de colaboración del Gobierno de Sánchez con unos municipios que deberán asumir en solitario la implementación de contenedores inteligentes —por ejemplo—, para poder justificar que se está cobrando una tasa justa e individualizada. A esta nueva realidad se enfrentan hoy también nuestros ayuntamientos en la isla de Ibiza. Algunos de ellos, como el ayuntamiento de Sant Josep de s’Atalaia ya ha tenido que aprobar el incremento de la tasa. El resto se verá obligado a hacerlo en breve.

El incremento de la tasa sucederá. Una consecuencia inevitable. Ahora bien, en este camino los ayuntamientos han sido abandonados. Se ha echado en falta una línea de ayudas para adaptarse a un nuevo paradigma.

Se ha echado en falta a un presidente de Gobierno con mayor vocación municipalista, que acompañase a las entidades locales en este tránsito hacia una sociedad menos contaminante. Para abordar este nuevo escenario necesitábamos a un presidente de Gobierno de mano tendida y nos hemos encontrado con presidente de Gobierno que esconde la mano. Lo pagarán los de siempre.