Incapaces de ver la realidad

Siguen sin saber ni tan siquiera vislumbrar la realidad del problema que de forma global afecta ya a los diversos sectores económicos y sociales de nuestras islas. La vivienda es el elemento principal de la problemática en cuestión; es la columna vertebral que hace que las cosas funcionen o por el contrario, se vaya todo al traste.
La palabrería constante y la charlatanería absurda no sirven para nada y es precisamente eso, lo que a diario tenemos que leer y escuchar de quienes tienen la responsabilidad de aportar soluciones. Unos y otros siguen haciendo la guerra cada uno por su lado, a pesar de que continuamente hablen de la necesidad de colaboración para afrontar la gravísima situación.
Ha pasado ya más de un año desde que el Partido Popular se alzara con la victoria en las últimas elecciones locales y autonómicas. Desde entonces y a pesar de los cansinos discursos y anuncios, profetizando la pronta solución de todo, lo cierto es que nada ha mejorado en materia de vivienda en las islas y más bien al contrario, la crítica situación ha seguido empeorando a marchas forzadas.
Cabe recordar que al poco de llegar al Govern, el nuevo ejecutivo aprobó un plan denominado de emergencia habitacional. El anuncio se hizo a bombo y platillo y se aseguró que ese paquete de medidas permitiría que se empezara a vislumbrar la luz al fondo del oscuro túnel por el que veníamos transitando. Lo cierto es que en lugar de eso, más de un año despues de esas pasadas elecciones autonómicas y con dos veranos de por medio, ese camino es todavía más oscuro que antes. Nada ha mejorado.
Ahora hay un nuevo Conseller d’Habitatge en el Govern y, nuevamente se asegura que está a punto de ponerse en marcha un nuevo plan milagroso que permitirá controlar el gravísimo problema de la falta de viviendas a precios que le resulten asequibles a los trabajadores y ciudadanos de las islas. Mantiene el nuevo Conseller su negativa y la de su partido, el PP, a aprobar la declaración de zonas tensionadas en las que se puedan limitar los actuales alquileres salvajes y abusivos.
Este nuevo y milagroso programa al que denomina como de «alquiler seguro», pretende sacar al mercado de forma rápida unas 2.000 o 3.000 viviendas a un precio que fijaran los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y los Administradores de Fincas, curiosamente dos de los sectores que trabajan en esa área de la vivienda y cuyo principal objetivo es la obtención del mayor beneficio posible. Se supone que aquellos propietarios que no sean grandes tenedores, cederán sus viviendas al IBAVI (o sea al Govern) para que este las saque al mercado del alquiler.
El precio que marcaran los Agentes Inmobiliarios y los Administradores de Fincas, se establecerá en base a los valores actuales del mercado. El Govern podrá pagar por adelantado a los propietarios, hasta siete años de alquiler al precio que los antes mencionados hayan fijado, subvencionando el 30% de ese importe a los inquilinos. Y esa es la razón por la que desde el Govern se asegura que esas 3.000 viviendas se alquilaran un 30% más baratas.
El Conseller afirma que de esta forma se dan garantías al propietario y eso hará que la aparición de esa cantidad de viviendas en mercado de alquiler, consiga que se frene la constante subida de los precios ya que el propio mercado los regulará. Tal afirmación y explicación contiene dos claros errores. Por un lado, no es cierto que el precio del alquiler se vaya a bajar un 30%, ya que será el Govern quien con los impuestos de todos los contribuyentes de Baleares, subvencionará a los propietarios para que puedan seguir con alquileres abusivos.
Por otro lado, si tenemos en cuenta que lo que se está haciendo actualmente es especular con las viviendas de todo tipo y, recordando lo dicho por el Conseller que esta medida evitará que los precios sigan subiendo; está claro que en ningún caso se podrá con ello evitar que los actuales alquileres abusivos se sigan cobrando. Si se frena la subida de los mismos ahora que están por las nubes, poca rentabilidad cabe esperar para los futuros inquilinos de estas islas.
Cabe comentar un detalle más del nuevo programa en cuestión, una de las condiciones que se exigirán a los posibles futuros inquilinos de esas viviendas, será de un mínimo de cinco años de residencia en nuestras islas. Tal condición deja abandonados a todos aquellos residentes que lleven menos de esos cinco años y tuvieran la intención de establecer su vida en estas islas; al igual que deja sin el menor amparo o protección a todos aquellos trabajadores que residen en la Península o Canarias y que a pesar de que se les ofrece un puesto de trabajo y un sueldo decente, no pueden aceptarlos ya que en muchos casos, más del 60% de sus ingresos deberían destinarlos al alquiler.
Se debe proteger a los propietarios, pero sin que ello deba suponer el abandono de los inquilinos y su derecho a vivienda.