Menores y lealtad institucional

La situación derivada de la política migratoria y diplomática del Gobierno de España es anárquica, insolidaria e insostenible. Los flujos migratorios que alcanzan nuestras costas están fuera de control, una avalancha que no cesa y a la que nadie le ve el final.
España ha superado todos los registros. En lo que llevamos de año, más de 35 mil inmigrantes en situación irregular han llegado a nuestro país, un 65% más que en el mismo período del año anterior. Las Islas Baleares también han sufrido las consecuencias de ese efecto expansivo.
La ruptura de los tratados de amistad entre el Gobierno de España y Argelia y la ausencia de un control de fronteras se ha traducido en un aumento continuado de embarcaciones que alcanzan nuestro litoral. Más de 2.500 personas arribaron a Baleares en lo que llevamos de año, de las cuales, más de 200 son menores no acompañados.
Todos estos datos posicionan a España como líder destacado en el acceso irregular de personas inmigrantes en Europa. Cifras que contrastan con la solvencia de otros países europeos a la hora de abordar la crisis migratoria. Italia es uno de esos casos y Alemania el siguiente. Se trata de países que han desarrollado políticas migratorias exigentes, pero eficaces, y que ponen en evidencia el mal proceder de un gobierno de España débil y más desbordado que nunca.
Los acuerdos de cooperación de Italia con Libia, Argelia y Túnez han tenido como resultado un descenso en la llegada de inmigración irregular del 65%, paradójicamente la misma cifra porcentual en incremento de inmigración irregular que recibe España.
Y mientras Georgia Meloni se reúne con líderes de terceros países, Pedro Sánchez se niega a reunirse con los presidentes de sus comunidades autónomas para afrontar la crisis migratoria y ofrecer una solución razonada sobre la acogida de menores. Toda una paradoja que evidencia porque unos son destacados líderes europeos y otros no han alcanzado la categoría de aspirantes.
Territorios como Canarias y Baleares son los más castigados y los que menos auxilio reciben del Gobierno de España para gestionar esta problemática. Gobiernos del Partido Popular que sufren una doble represalia y victimización solo por el hecho de serlo.
Debería quedarle claro al Presidente del Gobierno que la petición de ayuda por parte de Marga Prohens o Vicent Marí no responde a políticas e idearios de derechas, ni de izquierdas. Pedro Sánchez debería hacerse corresponsable de una vez y asumir su cuota de compromiso con los territorios a los que no cesan de llegar personas necesitadas de una respuesta humanitaria inmediata. Pedro Sánchez debería ser leal y no abandonar a esas administraciones que soportan las consecuencias de todos esos menores en situación de desamparo.
Los datos publicados recientemente por Periódico de Ibiza sobre el coste que representa la atención de menores no acompañados por parte del Consell Insular de Ibiza revelan una situación que no podemos asumir. El Consell Insular de Ibiza se encuentra desbordado en su capacidad de tutela y acogida y está empeñando ingentes recursos públicos que probablemente fueron presupuestados para atender otras necesidades distintas.
El Consell Insular de Ibiza no pide más. Tampoco pide menos. Se piden medios de control fronterizo, instalaciones y recursos destinados a la atención de menores inmigrantes cuando se sobrepasa su capacidad de acogida.
A todo esto, la solución que propone Pedro Sánchez consiste en reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para repartir a los menores por toda España. Una solución que pretende ser solidaria, pero que no es justa, especialmente para territorios como Ibiza, una isla que ya recibe inmigración irregular y se encuentra con las costuras de sus recursos asistenciales reventadas.
Y cuando comunidades autónomas como Baleares o Canarias se plantan y no aceptan pasar por ese embudo, la respuesta de Pedro Sánchez se reduce a plantear un conflicto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Si no estás conmigo al Tribunal Constitucional que te llevo. Si no estás conmigo a la Fiscalía que vas. Si no estás conmigo estás contra mí y además te vas a enterar. Esa política amenazante, retorcida y revanchista, tan propia del sanchismo se tiene que acabar de una vez. Ya está bien.
Por lo tanto, ya va siendo hora de que el Gobierno de España admita su competencia exclusiva en materia migratoria y reconozca que una crisis de Estado merece una respuesta de Estado. Una respuesta integral que cuente con la participación de aquellos territorios que la reciben en primera instancia. La inmigración tiene consecuencias humanitarias, económicas, demográficas, culturales y de seguridad comunes. No es viable llevar a la práctica una política migratoria eficiente sin contar con los gobiernos autonómicos, insulares y locales. No es viable llevar a la práctica una política migratoria eficiente enfrentándose a quienes son parte de la solución.