Themis en Catania

La simbología, las formas, modos y maneras, no son una cuestión baladí. Están por y para algo. Sin ir más lejos, las togas que portamos muestran el carácter solemne, sobrio y de respeto que debe presidir la actuación judicial, promoviendo la igualdad y equilibrio entre las partes, una igualdad consagrada para todos los españoles en el artículo 14 de nuestra carta magna. La justicia no puede entender de rangos, riquezas o intereses particulares. No pueden producirse tratos de favor o concederse privilegios y prebendas a unos en distinción de otros. Todos deben ser tratados por igual. Lo contrario supondría menoscabar un principio esencial de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, asistimos, lamentablemente cada vez de forma más frecuente, a un constante intento de difuminarlo hasta hacerlo desaparecer, a pesar de los esfuerzos realizados para su preservación. Como muestra, los Magistrados del Tribunal Supremo han iniciado los trámites para plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía al considerar, precisamente, que puede resultar discriminatoria por vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley, en tanto que, afectando a determinados actos tipificados como delitos cometidos en un contexto sustentado en cuestiones ideológicas o de propósitos políticos, puede suponer una relevante y evidente desigualdad de trato respecto de esos mismos delitos cometidos en otro ámbito distinto o con diferente justificación.

También puede vislumbrarse su perversión en cuestiones más banales, pero no por ello menos trascendentes, como acudir a declarar como investigado por actuaciones realizadas en un ámbito profesional privado, que no institucional o representativo, en vehículo oficial, con chófer y escoltas públicos, accediendo al Tribunal por el garaje, que no así por la puerta principal como todo hijo de vecino. La justificación de esta graciosa medida, sobre la base de un informe emitido por la directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, se sustenta en prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad física de la investigada, algo sorprendente si se tiene en cuenta no solo la afinidad del propio órgano emisor del informe, sino que dicha conclusión contrasta con la manifestada opinión de la empresa encargada de la seguridad de la sede judicial de no apreciar riesgo alguno en este caso, como tampoco cuando otros personajes de relevancia pública tuvieron que hacer frente al famoso paseíllo por el acceso principal a los Juzgados de la Plaza de Castilla. De hecho, no gozó de este privilegio ni tan siquiera la infanta Cristina cuando tuvo que acudir a declarar el 8 de febrero de 2014, sobre el caso Nóos, a los Tribunales de Palma de Mallorca.

Solo a quien tiene constitucionalmente atribuida esa función le corresponde determinar cómo acabará esta historia. Eso sí, recordemos, en todo caso, que la mujer del César no solo no debe serlo, sino no parecerlo. Ni que decir tiene que menos aún el propio César. Ahí lo dejo. Pero lo que no puede tener cabida en un Estado de Derecho, donde rige la separación de poderes como base y pilar del mismo, son los constantes ataques a la actuación judicial procedentes de los responsables políticos sobre la exclusiva justificación de quién sea la persona investigada, lo que supone una nueva y flagrante agresión del principio esencial de igualdad ante la ley. El máximo representante del Ministerio de Justicia, lejos de defender a sus integrantes o, cuanto menos, de mantenerse al margen y dejarles trabajar con tranquilidad y respeto institucional, arremetió duramente contra el juez instructor como si del abogado de la defensa se tratara, cuando se están investigando hechos presuntamente delictivos cometidos en el entorno de quien, precisamente, lo designó en su cargo. Sus declaraciones, del todo inaceptables, como también las del Ministro del Interior, que evidentemente cojea del mismo pie y que parece obviar que tiene la misma condición de juez, recibieron duras críticas de las asociaciones judiciales y son una evidente muestra, la enésima ya, de que no a todos se les mide por el mismo rasero.

Tal vez haya que recordarle que, también aquí, como reza de forma lapidaria el ornato catanés de su Palazzo di Giustizia, «la ley es igual para todos». Y si se aburre, ya que tiene tiempo para echar capotes en vez de atender cumplidamente sus múltiples tareas, puedo darle faena, porque tenemos un nuevo edificio judicial a medias de construir desde hace ya cinco años y lo que te rondaré morena. Un edificio en el que el servicio de Juzgado de Guardia, el más esencial de todos, lleva prestándose, desde hace más de un año, sin aire acondicionado y bajo temperaturas extremas. Una novísima y moderna sede en la que no se previó aparcamiento interior, pero en el que sí se crearon dependencias, como la sala Gesell para llevar a cabo exploraciones de menores, que son inservibles, aun a día de hoy, porque, en los largos años transcurridos desde su inauguración, no se han dotado de los elementos técnicos necesarios para ello. Ni que decir tiene que faltan funcionarios de todo tipo para atender la ingente cantidad de procedimientos que nos inundan, o la más que absoluta necesidad de crear un nuevo Juzgado de lo Social, que lleva años reclamándose, para mitigar la elevada carga de trabajo que soporta el único existente en nuestras islas. Pues eso, zapatero a tus zapatos, que en boca cerrada no entran moscas. Ay, si Themis bajara de su pedestal…