El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una supuesta ley de regeneración democrática que en realidad es una ley de censura a todos aquellos medios que se atreven a publicar informaciones sobre su esposa y hermano, ambos imputados por causas diferentes. A un paso de convertirnos en una especie de república bananera, Sánchez ya no se conforma con poner todos los estamentos del Estado al servicio de él y su partido sino que ahora busca el silencio de los medios, la censura. A cambio, los medios que se porten bien tendrán acceso a una partida global de 100 millones de euros con la excusa de la digitalización. Habría que recordarle a Sánchez que hace ya más de una década que todos los periódicos tienen edición de papel y digital. Otros solo digital, pero todos, absolutamente todos, pueden leerse por internet. En un nuevo intento de tomarnos por imbéciles, Sánchez quiere evitar que se siga publicando la instrucción de la causa contra su esposa por ayudar a empresarios, agravada ahora con la denuncia de la Complutense contra ella por apropiación indebida. Sánchez no solo no dimite por los múltiples indicios de que en Moncloa hubo tráfico de influencias, sino que pone en riesgo la ya bastante maltrecha profesión periodística.
Censura y silencios
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