La crisis de gobernabilidad del Consell de Formentera, ha cruzado un nuevo límite. El conflicto, que empezó a finales de noviembre, es una montaña rusa que, cuando parece que ya no puede ir más allá, siempre es capaz de cruzar una nueva línea que nadie hubiese imaginado.
La pasada semana llegó el tiempo de las denuncias cruzadas. Por una parte, el presidente Córdoba ante la Guardia Civil denunció a sus antiguos compañeros por grabar reuniones privadas que después fueron publicadas. Sus ahora rivales han presentado ante la Fiscalía anticorrupción, una denuncia acusando a Córdoba, nada menos que de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y cohecho en el proceso de concesión de los quioscos de playa. Ahí es nada.
De momento, ninguna de las dos denuncias han sido admitidas a trámite, pero ya han conseguido un primer objetivo: la repercusión mediática con titulares que impactan: denuncia, querella, Guardia Civil, corrupción, etc.
Sinceramente, no pensaba que esta crisis, que empezó hace medio año, iba a llegar a los juzgados. Pero más allá del lamentable espectáculo que están ofreciendo unos y otros con su incapacidad, poner en manos de un juez, asuntos que deberían resolverse desde el diálogo y la tolerancia, puede tener consecuencias inesperadas.
Las denuncias no han sido admitidas a trámite, todavía. Pero llegado el caso, el código penal es muy claro y, en caso de demostrarse que las acusaciones denunciadas son ciertas, dependerá de la interpretación de la autoridad, pero algunos pueden acabar pagando un alto precio.
Este juego de las sillas ha llegado demasiado lejos y alguien se va a acabar haciendo daño.
El caballero de la triste figura dice en el Quijote: «Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe».