Eran las doce de la mañana del pasado sábado cuando unos cuantos miles -no vamos a andar regateando que si quince o veinticinco- de guardias civiles y policías nacionales llegados de todos los rincones del país llenamos las calles de Madrid, en una de las manifestaciones que más miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha congregado en los últimos tiempos, sino la que más.
Había ganas, y muchas, de desahogarse, de reivindicar, de exigir el fin de lo que, a todas luces, supone una palmaria injusticia; que los miembros de ambos Cuerpos no estén clasificados como profesión de riesgo, cuando sí lo están los policías autonómicos, los policías locales, los actores, los bailarines o los cantantes, entre otros. Que venga Dios y lo vea.
Esta clasificación, de cajón, no es baladí; además de reconocer la peligrosidad y penosidad del servicio que prestamos y la elevada morbilidad o mortalidad, abre la puerta a una jubilación anticipada, que ya se aplica a policías autonómicos y locales, sin que ello suponga una reducción de la cuantía de la pensión. Primera injusticia.
En un recorrido que comenzó en la Plaza de España y que finalizó en la Carrera de San Jerónimo, frente al Congreso de los Diputados, entre cánticos y silbidos, los guardias civiles y policías nacionales exigimos también al Ministerio del Interior que lleve a cabo de una vez por todas la famosa equiparación salarial con las policías autonómicas.
No existe razonamiento lógico alguno que justifique que nuestro salario sea inferior al de los policías autonómicos, cuando además es Interior el pagador común de todos y, por tanto, carece de argumento alguno para no cumplir el Acuerdo suscrito con asociaciones y sindicatos en 2018, por el que debe impulsar las medidas legislativas necesarias para garantizar que no se produzca una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones. Otra injusticia imposible de digerir. Y van dos.
Luego, además, estamos los que, por nacimiento o adopción, voluntarios o forzosos, prestamos servicio en estas bellas islas del Mediterráneo. Ya ven venir la tercera... La de siempre.
La isla la disfrutamos, cada uno a nuestra manera, no digo que no, pero la insularidad la sufrimos; en los transportes, en la cesta de la compra y en la carestía de la vida, en la consabida falta de viviendas o sus estratosféricos precios… La sufren otros colectivos y la sufren los ciudadanos también, amén de recibir un servicio público de peor calidad consecuencia de la falta de personal que todo lo anterior provoca. Así va la cosa. Y la indemnización por residencia sin actualizar, vamos ya para veinte años.
Tres eran tres, jubilación, equiparación e insularidad, y ninguna era, ni es, buena.
Eso si, la matraca la vamos a seguir dando. No les quepa duda de ello.
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