Luz al final del túnel

No tiene sentido que intenten que el Govern del PP insista en las mismas políticas que perpetró Josep Marí Ribas ‘Agustinet' al frente de la Conselleria de Vivienda: apostarlo todo a la construcción de vivienda pública por parte del Ibavi. En 2022 se entregaron 24 viviendas en Ibiza y 33 en Maó. Una gota de agua en el océano.

Despreciar las demandas de la iniciativa privada, sólo por ser privada, nos ha traído al punto catastrófico en que se encuentra la sociedad balear y la pitiusa en particular. La Administración, por sí sola, no puede solucionar la escasez de vivienda. Y no tiene la menor lógica exigir que se siga por la misma senda en esta materia.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, que lidera Marta Vidal, ha logrado que se apruebe un decreto ley de medidas urgentes en materia de Vivienda, que contempla una batería de actuaciones que no suponen consumir más territorio, ni implican gastar dinero público. Son medidas largamente reclamadas por los colegios profesionales del sector de la vivienda, como los arquitectos, aparejadores, administradores de fincas; y también las asociaciones de promotores y constructores. Ellos son los que realmente saben lo que hay que hacer para que haya más viviendas en el mercado, que es lo que realmente hace falta para afrontar la emergencia habitacional.

Los expertos alaban las medidas y confían en que en poco tiempo se notarán los resultados, aunque exigen que las reformas no se queden ahí y el Govern sea valiente y aborde los cambios legislativos necesarios para solucionar la crisis de vivienda en Baleares. El cambio de rumbo en política de vivienda ya está en marcha, pero se necesitan más actuaciones decididas y sin titubeos, contando con todos los colectivos concernidos, ya sean privados, ya sean agentes sociales, ya sean instituciones competentes en la materia.

Pero ahí están los partidos de izquierdas, que han gobernado esta Comunidad Autónoma los últimos ocho años donde todo ha ido de mal en peor; que han cosechado un estrepitoso fracaso a la hora de aumentar la oferta de vivienda, ya fuera de compraventa, ya fuera de alquiler; que no han hecho nada, excepto construir unas pocas promociones de VPO que de nada han servido, excepto para sus adjudicatarios; criticando el decreto ley que aplauden los que realmente saben de esto.

Los socialistas acusan a Marga Prohens de montar «una burbuja inmobiliaria» en suelo rústico, con una «amnistía a todas las viviendas ilegales». Falso de toda falsedad, pero eso no importa, porque de lo que se trata es de criticar al Govern por haber hecho en tres meses lo que ellos no fueron capaces de hacer en ocho años. Dicen que se está haciendo una «amnistía urbanística», que es un «pelotazo» y que las viviendas a precio limitado creadas en el decreto, son una figura jurídica para la «especulación».

¿De verdad pretenden que, a la vista de los resultados calamitosos de su política de vivienda, alguien les tome en serio? ¿Realmente su aportación, tras haber sido desahuciados de las principales instituciones autonómicas, insulares y locales en las elecciones de mayo, es exigir que se mantengan sus políticas que no han servido sino para empeorar el acceso a la vivienda?

¿No se dan cuenta de que la principal razón por la que ya no gobiernan, es justamente su colosal fracaso a la hora de solucionar el gravísimo problema del acceso a la vivienda?

Mientras PSIB, Més per Mallorca y Unidas Podemos, perdían el tiempo con propuestas irrealizables, como prohibir la compra de viviendas a los ciudadanos europeos no residentes en Balears, el Govern de Marga Prohens y la consellera Marta Vidal, han conseguido que los ciudadanos perciban que, al fin, alguien hace algo para arreglar el desaguisado.