La reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares de 2007, recogió la creación del nuevo Consell Insular de Formentera. Ello supuso el fin del hasta entonces único Consell que englobaba las dos islas Pitiusas (Eivissa – Formentera) y desde ese año Formentera elige su propio gobierno insular.
Para materializar el mencionado cambio, hubo que ponerse de acuerdo en cuanto a la representación de cada una de las cuatro islas en el Parlament Balear, quedando la misma en 33 diputados para Mallorca, 13 para Menorca, 12 para Eivissa y 1 para Formentera; quedando las Pitiusas con el mismo número de diputados que tenían cuando eran un solo Consell.
Si bien en aquel momento ya no parecía lógica la representación otorgada a Menorca y Eivissa, se esgrimió, entre otros, el argumento de que a pesar de haber una diferencia de habitantes a favor de Eivissa, la misma no se entendió lo suficientemente importante como para modificar la representación de ambas islas.
La realidad a día de hoy es clara e inflexible y esa diferencia que entonces se consideró irrelevante, ha ido creciendo año tras año y en estos momentos Eivissa tiene 55.000 habitantes más que Menorca. Los números ya cantan. Si nos centramos en esas cifras, vemos que mientras los menorquines tienen un diputado por cada 7.100 habitantes aproximadamente, cada diputado de Eivissa representa a unos 12.300. Sin duda una injusticia.
Desde 2007, poco o nada se han movido los partidos que conforman el Parlament para revertir esa, a todas luces, desfasada representación insular. La polémica ha reaparecido de nuevo a raíz de la presentación de un informe o dictamen jurídico en relación a la necesidad de aumentar la representación de nuestra isla en la Cámara Balear. Este nuevo dictamen se hace público con el aval de todos los partidos con representación en nuestro Consell Insular, sin embargo vale la pena reseñar que tal unanimidad insular, no supone la menor garantía de que la propuesta pueda acabar siendo una realidad.
Sinceramente, no parece que la fecha elegida para hacer público el dictamen en cuestión se haya elegido al azar. No es fruto de la casualidad que eso ocurra a seis meses de las próximas elecciones autonómicas, ya que por un lado todos se muestran favorables a modificar el número de diputados que representan a nuestra isla, pero por otro lado y al mismo tiempo, todos son conocedores de que para ello es imprescindible un amplio consenso en el seno del Parlament y, evidentemente nadie se atreverá ahora mismo a ni tan siquiera entrar en cualquier tipo de negociación al respecto. Una vez más se anuncia una flagrante injusticia, pero se lanza la pelota sobre el tejado de una próxima legislatura.
Así se desprende de las primeras declaraciones de la Presidenta del Govern sobre esta cuestión, afirmando que dado lo complicada que será la negociación, habrá que esperar a la nueva composición del Parlament; pudiéndose interpretar sin temor a equivocarse que la única voluntad real es que pase una legislatura más sin que se haya iniciado ningún tipo de negociación al respecto.
En cualquier caso y conociendo la forma de pensar de las altas esferas en los diferentes partidos políticos, parece claro que en primer lugar desde Menorca se van a negar en redondo a perder ese segundo escalón en cuanto al número de diputados autonómicos; en segundo lugar desde Mallorca nadie va a querer ponerse en contra de los deseos de Menorca y para ello lo mejor será no abrir un melón como este y; finalmente desde Eivissa y a pesar de la unanimidad en torno al reconocimiento de una clara injusticia, avalada por informe o dictamen jurídico, ningún partido se atreverá a enfrentarse a sus superiores de Palma, por grave que pueda ser el agravio.
Lo mismo viene sucediendo legislatura tras legislatura con otras cuestiones que nos afectan y sobre las que también hay un amplio consenso, como por ejemplo en el traspaso de la gestión integral del ciclo del agua. En este tema también se viene utilizando lo complicado de la negociación como excusa y van pasando los años y, ni desde Palma se hace nada, ni en Eivissa hay nadie dispuesto a plantarles cara y luchar por los intereses de la isla por encima de todo.
Por todo ello, el anuncio de un dictamen que avala la necesidad de modificar la representación de nuestra isla en el Parlament y ajustarla a la población real y por tanto corregir con ello una tremenda injusticia, a sabiendas de que en estos precisos momentos nada se va a mover; no puede sonar más que a una propuesta de reclamación en la que en realidad nadie se va a implicar y comprometer asumiendo todas las consecuencias.
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