Actos sin sentimiento real

No es de extrañar la falta de interés de la sociedad balear en la celebración del primero de marzo, más allá de que es un día festivo más, sobre todo si cualquiera de nosotros se molesta en analizar con un mínimo de interés la realidad de los otros 364 días hasta el próximo día de Balears. Incluso el acto central, que por cierto se celebra el día antes, no es más que un ejercicio de equilibrio entre islas a la hora de designar a quienes puedan ser merecedores de recibir el más alto honor de ser nombrados ciudadanos ejemplares de nuestra comunidad y no se puede concebir que no haya personas o entidades premiadas de todas y cada una de las islas.

No basta con hacer un discurso al año tratando de ser emotivo, resaltando la importancia de que afrontemos todos los males juntos, afirmando que unidos sortearemos los obstáculos con más facilidad, que todos a una tenemos más fuerza; si lo que uno percibe el resto del año es todo lo contrario a lo que se ha predicado el día uno de marzo. Hay que demostrar con actos y no solo con palabras que a los residentes en Eivissa o en Formentera se les tiene la misma consideración que a los de Mallorca, y para ello es preciso que se nos tenga en cuenta siempre, no solo cuando se acercan elecciones y resulta que el voto de cada ciudadano sí tiene un valor real.

Desafortunadamente, y cabe señalar que independientemente del color político de quien esté al frente del Govern en Palma, la realidad viene siendo muy distinta a las buenas intenciones que se verbalizan por parte de los que tienen la responsabilidad de gestionar nuestro día a día desde la capital balear. Hasta ahora, lo mismo ha dado que gobierne la derecha o que lo haga la izquierda, el resultado acaba siendo sistemáticamente el mismo: en Eivissa y Formentera siempre salimos peor parados que Mallorca.

Independientemente de la ideología política de cada uno, estos días ha tenido lugar algo que resulta significativo y que va directamente ligado a la tramitación de la nueva Ley Turística. Sin entrar en ningún caso en valorar o debatir el contenido de la misma, no deja de ser curioso que, una semana antes de su convalidación en el Parlament, todo el sector hotelero de Baleares se manifestaba abiertamente en contra del Decreto por considerar que no se les había tenido suficientemente en cuenta en el tramite de elaboración del mismo. Sorpresivamente unos días antes de la citada votación se comunica    el cambio de posicionamiento de los hoteleros, que de repente y sin argumento nuevo conocido, afirman dar su total apoyo a la nueva normativa.

Se podría suponer que a última hora los hoteleros y el Govern hubieran alcanzado un acuerdo por el que se admitirán determinados cambios en el tramite parlamentario del Decreto como Ley. Pero esa no es la cuestión que aquí interesa, lo cierto es que este supuesto acuerdo se ha alcanzado solo con los hoteleros de Mallorca, dejando al margen una vez más a los representantes pitiusos.

Pero esta circunstancia, por muy llamativa que resulte, no es un único caso de discriminación que sufren nuestras islas por las decisiones que se toman en Palma. Quiero recordar que, desde el ejecutivo balear, se viene esgrimiendo como argumento que justifica la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica el incremento de población de los últimos años. Sin embargo, ese mismo incremento no se tiene en cuenta a la hora de practicar el tan cacareado federalismo interior, sobre todo teniendo en cuenta que donde más ha aumentado la población en los últimos ocho años, ha sido precisamente en las islas de Eivissa y Formentera.

Es preciso que a lo largo del año se demuestre con hechos que realmente las cuatro islas estamos al mismo nivel, de no ser así está por demás pretender que podamos tener un sentimiento balear real.