Una imagen de los okupas de Punta Arabí.

Un desahucio es siempre una experiencia desagradable para ambas partes. Para el propietario porque le privan de la posesión de su bien, impidiéndole con ello hacer legítimo uso y disfrute del mismo y para el arrendatario porque se ve forzado a abandonar la vivienda sin (en muchas ocasiones) tener una alternativa.

Pero difiere mucho la situación de un inquilino con un título legítimo para poseer la vivienda (un contrato de alquiler) que no puede pagar la renta, de un okupa que ha usurpado una vivienda ajena. Para los primeros existe un procedimiento extraordinariamente garantista, con el perjuicio que ello supone para el propietario por la dilación en el tiempo. Para los segundos, el procedimiento es más ágil, pero son habituales los destrozos en la vivienda que nadie va a compensar. En ambos casos, contar con un abogado inmobiliario en Ibiza especializado en desahucios puede marcar la diferencia a la hora de enfrentar estos procedimientos complejo.

Si bien es cierto que el acceso a la vivienda en Ibiza es especialmente sangrante, también lo es que muchas familias tienen alquileres que constituyen muchas veces su único ingreso estable. Demonizar al propietario, como hace un sector de la izquierda, es un error porque en España la propiedad privada es un derecho protegido por la Constitución. En muchas ocasiones uno parece que tiene que pedir perdón por tener más de una vivienda, como si la hubiera obtenido robando y no mediante un procedimiento legítimo (heredarla o comprarla).

No se puede tratar al propietario de delincuente y al okupa de héroe de la calle, porque ni una cosa ni la otra se ajustan a la realidad. Lo único que está claro es que la solución a este drama no pasa por subir impuestos como gusta Montero y con ello encarecer el acceso a una vivienda, sino por incrementar, por ejemplo, el parque de viviendas públicas, en lugar de lavarse las manos y trasladar a los propietarios una responsabilidad que no es suya.