Joan Miquel Perpinyà.Eivissa28/11/19 4:01
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El dictamen del Consell Consultiu sobre el chiringuito de Cala Gració supone un varapalo enorme para el equipo de gobierno del Ajuntament de Sant Antoni de la anterior legislatura, que lideraban el alcalde Josep Tur ‘Cires' (PSOE) y su teniente de alcalde Pablo Valdés (Reinicia). El quiosco desmontable que la Demarcación de Costas autorizó a instalar durante cuatro veranos, con el informe favorable del consistorio portmanyí contaba con los permisos necesarios para desarrollar su actividad. La maniobra para tratar de revocar el permiso municipal de instalación ha fracasado y pone en evidencia que la gestión del asunto fue calamitosa. Y ya se verá si delictiva porque la empresa boicoteada tras la protesta de Prou! presentó una querella criminal contra el alcalde ‘Cires' y la regidora de Urbanismo, Cristina Ribas, que sigue siendo concejala aunque en la oposición —y por algo será—.

Si PSOE, Reinicia y el Pi (que entonces integraba aquel desastroso equipo de desgobierno) no hubiesen informado a favor del quiosco, no habría obtenido la autorización de Costas. Dieron su plácet pero no calcularon la reacción contraria de las organizaciones ciudadanas. Luego impidieron con artimañas el funcionamiento del chiringuito, cuando ya contaba con toda la documentación en orden, una aberración administrativa que costará dinero a Sant Antoni. Se les avisó del error, pero lo negaron. Les daba igual. La deriva de negligencia y autoritarismo que tomó aquel gobierno acarreará una cuantiosa indemnización a la empresa promotora. ¿Saben quién la pagará? No serán los responsables del desaguisado, ‘Cires', Valdés y Ribas principalmente. Serán todos los vecinos de Sant Antoni con sus impuestos. Pero cuidado, porque la querella sigue viva y el informe del Consell Consultiu refuerza la tesis de la prevaricación.