Joan Miquel Perpinyà16/06/18 4:01
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Con la sentencia del Supremo por el caso Nóos se cierra una etapa de la vida pública de Baleares, aunque ya hay algún sádico que cree que la imagen que falta es la de Cristina de Borbón acudiendo a la cárcel para tener un bis a bis con su marido Iñaki Urdangarin. Ya el marqués de Sade en el siglo XVIII constató que hay gente que experimenta placer cometiendo actos crueles con otras personas, pero allá cada cual con sus perversiones sexuales. El caso es que ahora comprobamos en manos de quién estuvimos durante muchos años y a quién se nos ponía como ejemplo máximo de virtudes, hasta el punto de entregar la Medalla de Oro de la Comunitat a un matrimonio del que no se tenía constancia que hubiese hecho nada en beneficio de Balears o al menos nada destacable. Pero entonces las cosas sucedían así. También eran años en que una alcaldesa socialista de Palma como Aina Calvo (que llegó a serlo gracias a UM, que se nos olvida todo) venía y decía que el edificio Gesa de Palma pasaba a ser del Ayuntamiento y nadie lo cuestionaba. Pero no era así, como ahora sabemos.

Con la sentencia del caso Nóos en las manos aún es la hora de que veamos a alguien satisfecho si no es porque Jaume Matas ya haya entrado en la cárcel y en los próximos días Urdangarin y Diego Torres le sigan los pasos. El Govern de Francina Armengol no está contento porque los condenados no van a tener que devolver todo el dinero, pues los fórums sobre turismo y deporte realmente se hicieron y tuvieron su beneficio para la sociedad balear; así que de saqueo, nada. La izquierda radical y los republicanos, frustrados porque la absolución de la infanta Cristina ha sido confirmada. Y además, porque se confirma que Manos Limpias ejerció de ente extorsionador. Y por tanto, el juez José Castro como cooperador necesario de aquel. El mismo Govern que le retira la Medalla de Oro a Cristina e Iñaki, le otorga un Premi Ramon Llull a Castro, que sentó en el banquillo a la hermana del Rey si razón ni causa justificada, beneficiando los planes de una presunta organización criminal. Tenía razón el entonces fiscal anticorrupción Pedro Horrach y justo es reconocerlo.

Punto final a una época aciaga. Ahora las cosas son distintas. Por eso se para los pies a Jaime Far, el director de la Oficina Anticorrupción, que se extralimita en sus funciones. Se atrevió a afirmar que en el caso de los contratos de Més a su gurú electoral Jaume Garau había fraccionamiento. ¡Qué se habrá creído!