Carreteras, Panem et circenses

El martes en el pleno del Parlament se aprobó la creación de una comisión de investigación sobre las carreteras de Ibiza, impulsada por una izquierda resentida y oportunista que pretende encender la mecha del electoralismo desde el populismo más despreciable.

Durante el debate, nada nuevo bajo el sol, nada que no supiéramos ya, ningún elemento concluyente que justifique la necesidad de promover una investigación parlamentaria. Un debate pobre y vacío, pero que nos permite recuperar la historia de la mayor inversión pública ejecutada por un gobierno autonómico en Ibiza, sin la cual nuestro territorio no alcanzaría a soportar la gran demanda turística que asume.

Conviene comenzar esta historia recordando que quienes promueven la creación de una comisión de investigación son los mismos que durante una legislatura completa (2007-11) persiguieron la criminalidad de las obras de desdoblamiento de la carretera de Sant Antoni y el nuevo acceso al aeropuerto. Tal era su obsesión que dilapidaron cerca de un millón de euros en una auditoría técnica y económica para revisarlo todo. Encargaron un documento millonario que concluyó ajustada a derecho la actuación de la administración.

Poco después, un informe confeccionado ad hoc por la abogacía de Comunidad Autónoma concluía lo siguiente: «De la documentación examinada, y tal y como resulta de la Auditoría no se desprende que haya indicio alguno de infracción penal que haga necesaria la denuncia o actuación alguna al respeto. Palma, 4 de octubre de 2010».

Insatisfechos y frustrados por los resultados de la auditoria y el informe de la Comunidad Autónoma encargaron a un catedrático de derecho penal de la Universidad Carlos III un segundo dictamen sobre las «implicaciones penales derivadas de la tramitación y ejecución de obras viales a la Isla de Ibiza». Había que seguir estrechando el círculo, había que seguir rastreando hasta el final, no era posible que el Partido Popular se saliera con la suya. Las carreteras de Ibiza fueron un fraude a la ciudadanía y de cualquier manera había que demostrarlo.

Pero una vez más, de este último informe se desprendía que no hubo infracción penal que hiciera necesaria denuncia o actuación al respeto, limitándose a reiterar las conclusiones expuestas al informe de 4 de octubre de 2010, emitido por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.

Los precios de adjudicación fueron de 93,2 millones por la carretera de Ibiza a Sant Antoni y 66,3 millones por el acceso al aeropuerto. Contratos que incluían no sólo la construcción, sino también la explotación, renovación y el mantenimiento durante 25 años.

La fiscalía con todo lo anterior inició una investigación que acabó archivando por no existir indicios de delito alguno. Y hasta aquí la persecución política al Partido Popular.

Hoy la izquierda del pan y el circo vuelve a perseguir la actuación del Partido Popular de entonces. Quiere hacer creer que existieron sobrecostes en el proceso y que aquellos sobrecostes estaban directamente relacionados con la corrupción más despiadada de todas.

Y sí, es cierto que hubo sobrecostes, acreditados judicialmente. Unas sentencias del Tribunal Superior de Justicia ponen de relieve que el Gobierno del pacto de progreso presidido por Francesc Antich y con Jaume Carbonero de conseller de Obras Públicas firmó dos días antes de las elecciones de 2011 una resolución y una segunda encontrándose en funciones por las que se interpretaba que las concesionarias deberían cobrar como mínimo 4,5 millones anuales adicionales al precio de la adjudicación. De una sencilla operación aritmética resulta que esta millonada multiplicada por 25 años supone un sobrecoste de 86 millones por la carretera de Sant Antoni y otros tantos por la del aeropuerto.

De vuelta al Gobierno el Partido Popular, sin comisiones de investigación innecesarias, sin pan y sin circo, declaró la lesividad de este acuerdo e interpuso una demanda allí donde debe hacerse justicia, en los tribunales.

Poco después, el TSJ declaró nula aquella irresponsable y necia decisión del Gobierno de Francesc Antich y Jaume Carbonero, una decisión que otorgaba derecho a las concesionarias a cobrar más de 86 millones de euros en sentencias de 7 de octubre y 17 de diciembre de 2015.

Todo esto sin necesidad de encargar auditorias, ni gastarnos cerca de un millón de euros, todo esto sin pan ni circo.

Pero por si fuera poco, el lunes pasado conocimos la historia de un sobrecoste más.

El Tribunal Supremo confirmó un sobrecoste de 7,8 millones de euros que deberá asumir el Govern de les Illes Balear por los perjuicios causados en el acceso al Aeropuerto de Ibiza a las empresas concesionarias. Se trata de una indemnización por daños motivados por la resistencia de aquellas personas que impidieron la debida ejecución de las obras y entre los que se encontraban destacados cargos públicos vinculados directamente con las formaciones políticas que hoy promueven la creación de una comisión de investigación.

Si a ese sobrecoste le añadimos los ya reconocidos, alcanzaremos la cifra de 17 millones de euros causados por los alborotos. Esta esta es la cantidad que las concesionarias recibirán, que pagaremos todos nosotros y nunca quienes obstaculizaron el trabajo de las empresas contratadas.

Este es el relato de una historia que debe ser conocida por todos y que permite situar a cada uno en el lugar que le corresponde. Unos defendieron la necesidad innegable de implantar un modelo de carreteras que permitiera asumir un mayor volumen de tráfico, y una notable reducción de la siniestralidad.

Otros se dedicaron a obstaculizar sin limitación alguna el desarrollo de los proyectos de un gobierno legítimo y a perseguir durante cuatro años a quienes tuvieron el coraje de no ceder en sus convicciones.

Si la izquierda sigue considerando, diez años después, que existen sospechas debe recurrir a los tribunales de justicia y aportar datos determinantes que revelen un comportamiento contrario a la ley. Crear una comisión de investigación parlamentaria para investigar lo investigado o perseguir sin saber lo que se persigue, es una estrategia política oportunista para entretener a las masas, un burdo engaño, es panem et circenses.