Los cambios en las administraciones se convierten, casi automáticamente, en los mejores escenarios para escenificar las diferencias políticas y, si se puede, para atacar sin piedad la gestión anterior. Una democracia establecida como la nuestra debería huir de tan maniqueos procedimientos, que impiden ver qué se hizo bien y qué mal con un mínimo de espíritu crítico por parte del gobierno entrante respecto al anterior y viceversa. Viene al caso esta reflexión por lo que ocurre en Eivissa con las obras de las residencias de Sant Jordi y Sant Antoni, iniciadas durante la etapa del PP al frente del Consell, detenidas por el actual equipo progresista y que volverán a retomarse el próximo mes.
Las deficiencias estructurales en una y la paralización de los trabajos en la otra provocaron el retraso que arrastran y, de paso, una monumental bronca política que lleva camino de repetirse con el reinicio de unas obras que podrían poner a ambas en funcionamiento a lo largo del año próximo. Seguramente, en 2010 todo el mundo querrá apuntarse el tanto de su creación y probablemente será justo que así sea. Las obras comenzaron con un gobierno y acabarán con otro, lo que debería llevar a pensar a los diferentes partidos políticos que el espíritu de colaboración en este tema -y, por supuesto, en muchos otros- sólo redunda en beneficio del ciudadano quien, además, debe ser el objetivo último de toda acción de gobierno.
Desgraciadamente, vivimos una época de política de bajo nivel, más interesada en la polémica que en la consecución de acuerdos, como si el único modo de avanzar políticamente sea desacreditando al adversario y ya hay mucho ciudadano que empieza a estar harto de tanto teatro.
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