El desmantelamiento de una banda de presuntos narcotraficantes en Sant Antoni, relacionados además con escenas de violencia presumiblemente por el control de la zona de venta de las sustancias prohibidas, supone una importante llamada de atención a grupos de delincuentes extranjeros que, con la ventaja de la diferencia del idioma, 'se hacen' con un mercado bien limitado y provechoso sin apenas riesgo ni consecuencias para sus personas. El hecho de que grupos como el desmantelado ayer sean tan habituales en zonas de ocio, no sólo de Eivissa, sino en toda la cuenta mediterránea de arraigambre turística de nuestro país, se debe, precisamente, a las dificultades que tienen las fuerzas del orden españolas para investigar, localizar y hallar pruebas de actividades ilícitas salvo en determinados casos en que son cogidos 'in fraganti' por los agentes. Es lógico: en ese tipo de grupos es 'rentable' atenerse a los de su propia nacionalidad y evitar a los agentes infiltrados, a no ser que haya un apoyo de policías de sus países de origen. En el caso de ayer se suma a la preocupante proliferación del mercado de la droga el problema añadido de que la comercialización también requiere, en el caso de que haya competencia, métodos expeditivos para asegurar una zona que se traducen en violencia en las calles, caos, daños personales y deterioro del lugar en el que tiene lugar. Por más que se ha tratado de erradicar, la idea de que Eivissa puede ser un lugar ideal para tomar drogas se sigue manteniendo en ciertos círculos de turistas y sólo las acciones policiales con repercusión pueden incidir en la idea de que con la droga no se juega y que aquellos que tratan de sacar provecho de ella tienen que asumir los riesgos. Se comprueba como, efectivamente, el problema se mantiene, pero son los golpes policiales los que más inciden en que cambie la tendencia.