Los gobiernos, fuera de los juzgados

La imputación del presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y la consellera de Medi Ambient, Silvia Tur, por la denuncia de un empresario afectado por una decisión suya que impidió la apertura de los bares de playa Giallo y Bianco, ambos en Migjorn, viene a sumarse, con las diferencias evidentes, a las de los muy numerosos casos que se dan en las Islas de políticos que han de concurrir ante el juez para dirimir tal o cual cuestión relacionada con sus mandatos. Salvando la obviedad de que, efectivamente, cualquier ciudadano tiene derecho a recurrir a los tribunales para la defensa de sus derechos o los derechos generales, visto con un poco de perspectiva se está produciendo tal vinculación de la vida política a la judicial que existe un peligro cierto de que la acumulación acabe torpedeando el funcionamiento de las instituciones hasta límites insospechables aún a fecha de hoy. El sistema legal de nuestro país es tan farragoso que la sola asistencia, al margen de las culpabilidades o inocencias, implica un considerable gasto de tiempo, en la práctica una 'amenaza' que puede acabar siendo una coacción en sí misma. Hasta hace unos pocos años la imputación -declaración ante el juez con la asistencia de un abogado para prevenir una posible indefensión del citado en caso de que se deriven posteriores responsabilidades penales- era en el ámbito político una rara avis, pero por una u otra razón se han multiplicado los casos y las denuncias que conllevan esta situación legal para los implicados. Sin embargo, el peligro es evidente y el día en que los políticos vean condicionado su trabajo por la posibilidad de enredarse en cuestiones legales, ese día, la Democracia habrá perdido gran parte de su potencial.