La Fiscalía Anticorrupción inició ayer la llamada 'operación Peaje' destinada a investigar la presunta malversación de caudales públicos y cohecho en empresas vinculadas con la construcción de la nueva carretera, desdoblada, de Manacor. Las primeras actuaciones se han saldado con ocho personas detenidas -dos de ellas funcionarios del Consell-, aunque no se descarta que en los próximos días la relación se incremente dado que las pesquisas también alcanzan la eventual participación de altos cargos del Consell de Mallorca; institución responsable del diseño y ejecución de las obras.
La 'operación Peaje' debe ser otro golpe contra la corrupción, tanto política como económica, en Balears. Aunque la presunción de inocencia es una obligación ineludible a la hora de entrar a valorar las primeras intervenciones de la Fiscalía, lo cierto es que sobre las obras de desdoblamiento de la carretera de Manacor también han figurado en la relación de temas sobre las que recaían sospechas respecto a posibles anomalías en su ejecución; empezando por el importante desvío entre el presupuesto inicial y el coste final de las obras.
Ahora es el momento de dejar trabajar a la policía, los fiscales y los jueces en la 'operación Peaje' para que quede garantizada la ejecución de una instrucción impecable y, llegado el caso, los responsables rindan cuentas ante la Justicia. Sería un error que este asunto engrosase la relación de temas en los que se ha producido un fallo precipitado por parte de la opinión pública, son muchos los detalles que falta por conocer y aclarar. Sin embargo, por desgracia, vuelven a lanzarse sombras de duda sobre la correcta gestión de los recursos públicos. Queda por saber hasta cuándo la ciudadanía soportará en silencio tanto comportamiento presuntamente corrupto.
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