El atípico paro que protagonizaron ayer los jueces y magistrados de toda España evidenció el malestar generalizado de este importante colectivo respecto al Gobierno y la actitud de su ministro de Justicia, Mariano López Bermejo, que lejos de asumir la situación logró recabar el apoyo público del presidente Zapatero. Un sinsentido del que el Ejecutivo socialista da la impresión de que no es capaz de encontrar una salida que no signifique asumir el tremendo fracaso de su actitud en este conflicto.
La huelga judicial, de la que no hay precedentes en la historia de España y de la que sería difícil encontrar un caso similar en el extranjero, no causó un exceso de molestias entre los ciudadanos, acostumbrados ya al colapso permanente del servicio. La transcendencia real de la convocatoria reside en el apoyo mayoritario que tuvo entre los jueces y magistrados, también en Palma y Eivissa, en una protesta a la que no dudaron en sumarse algunos fiscales y funcionarios. Es preciso insistir en que el problema de la Justicia en España es de un calado que sólo la irresponsabilidad del Gobierno es capaz de soslayar, una actitud mantenida durante décadas que ya ha alcanzado un punto crítico.
El paro de ayer es más que previsible que sólo haya sido el primer aviso de una cadena de acciones destinadas a lograr que el Ministerio de Justicia se avenga a mejorar las actuales condiciones laborales en las que desempeñan su función de los jueces y magistrados españoles, un serio aldabonazo para que la Justicia en nuestro país deje de ser un sinónimo de lentitud y precariedad. Ésta es la verdadera cuestión de fondo que debe ser abordada con urgencia. La Justicia es un pilar fundamental e irrenunciable del Estado de derecho
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