Editorial

La corrupción urbanística no queda impune

20/11/08 0:00

La condena a cinco años de prisión dictada por la Audiencia Provincial contra el ex director general de Ordenación del Territorio durante la pasada legislatura, Jaume Massot, por los delitos de falsedad y prevaricación urbanística en la segunda pieza de las 68 que componen el denominado 'caso Andratx', en concreto la que hace referencia a la construcción de un restaurante en una zona protegida por el hermano del ex alcalde de la localidad, Juan Carlos Hidalgo, es el último capítulo de este largo serial. El mismo fallo declara la inhabilitación, durante siete años, para ocupar un cargo público al que fuera primer edil de Andratx, Eugenio Hidalgo.

Para los magistrados de la Audiencia es un hecho probado que los hermanos Hidalgo convencieron a Massot para que éste realizase todos los actos administrativos necesarios para lograr la conversión de la vivienda existente en un restaurante, cambio que no estaba permitido dada la consideración de Àrea Natural de Especial Interés (ANEI) de los terrenos.

La condena de Jaume Massot, que todavía no es firme ante su más que probable recurso, permite recuperar la confianza en el estamento judicial por la ejemplaridad del castigo de los responsables públicos de la disciplina urbanística que, sin duda, lanza un mensaje claro respecto al fin de la impunidad en los desmanes realizados por responsables institucionales, en este caso un ex director general de Ordenación del Territorio del Govern que presidió Jaume Matas.

La de ayer es sólo una de las decenas de sentencias que se van a producir en el transcurso de los próximos años relacionadas con el 'caso Andratx', las cuales expondrán a la luz pública el grado de podredumbre en el que una serie de, todavía presuntos, corruptos sumió la administración del urbanismo municipal en Andratx.