El president del Govern, Francesc Antich, reiteró ayer que descartaba una convocatoria adelantada de elecciones como consecuencia de la «singular situación» en la que se encuentra el Parlament derivada del pase al Grupo Mixto de Bartomeu Vicens, diputado de Unió Mallorquina suspendido de militancia. En este contexto no puede obviarse la petición formal a Antich por parte de la dirección de UM, uno de sus aliados, para que sopese la posibilidad de celebrar unos comicios antes de que concluya la legislatura -postura sólo explicable como respuesta política al PSOE-; tesis a la que -conviene tenerlo presente- también se había adherido el Bloc.
No deja de resultar sorprendente que se haya generado una polémica política en torno a un adelanto electoral en Balears sin que, por el momento, el Govern haya perdido ni una sola votación en el Parlament. Es más, incluso el propio Vicens ha declarado que continuará apoyando con su voto todas las propuestas legislativas que presente el Govern. Incluso el Partido Popular se ha manifestado en contra de la convocatoria electoral y ha anunciado que está dispuesto a pactar acuerdos puntuales con la izquierda para anular el eventual poder que tiene el solitario voto de Vicens. Todos los elementos, por tanto, hacen innecesaria la utilización de la prerrogativa que el Estatut concede al president.
Otros elementos a ponderar en contra del adelanto electoral están, como no podría ser de otro modo, el orden de prioridades que tiene, en estos momentos, la sociedad balear. Tiene razón Antich cuando esgrime la crisis económica como principal razón de peso para evitar la interrupción de la gestión política en el Govern, un parón que, ante unos comicios autonómicos, se prolongaría durante meses. Lo más razonable, ahora, es exigir que la Administración no deje de trabajar en favor de los ciudadanos.
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