Finalmente ha concluido la huelga de funcionarios de Justicia, tras el acuerdo alcanzado ayer entre el ministro Fernández Bermejo y los sindicatos. Un incremento salarial de 160 euros mensuales este año, que serán 190 a partir de abril del año que viene, y un plan para recuperar el trabajo atrasado, que supone que trabajarán seis horas más cada semana durante seis meses, son dos de las líneas fundamentales del fin del conflicto planteado por los trabajadores que reivindicaban su equiparación con aquellos de otras comunidades autónomas con las competencias de este ámbito transferidas.
El paro ha durado algo más de sesenta días, en los cuales se han producido paralizaciones y retrasos considerables de diferentes asuntos de importancia con el perjuicio que ello supone para los ciudadanos. Si ya de por sí nuestro sistema judicial es lento, con la huelga todo ha empeorado notablemente.
El ministro aseguraba ayer que no ha habido vencedores ni vencidos y ha eludido hablar de la posible influencia de todo este asunto en su carrera política y en su posible continuidad al frente de la cartera ministerial, que, lógicamente, está en manos de Rodríguez Zapatero.
En cualquier caso, lo que es evidente es que si ha sido posible llegar ahora a un acuerdo que resuelva de una vez el conflicto, esto pudiera muy bien haberse conseguido antes, sin tener que llegar a la situación extrema que se ha alcanzado y en esto, parte de la responsabilidad es de Fernández Bermejo.
Pero lo que realmente importa ahora es que se recupere el tiempo perdido sin costes añadidos para los ciudadanos y adoptar las medidas precisas para que conflictos de este calado no se repitan y no corran peligro de casi enquistarse.
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