El colapso en el que se encuentran las principales instituciones de la judicatura española -Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional- desde hace meses, como consecuencia del enfrentamiento entre el PSOE y el PP, está alcanzando unos niveles inadmisibles. El manifiesto reparto de cuotas políticas para el nombramiento de los integrantes de ambos organismos está derivando en una auténtica guerra de recusaciones mutuas, un espectáculo bochornoso que dice muy poco en favor de la responsabilidad de la clase política y de la natural y exigible independencia política de nuestros jueces.
La pugna política sobre el Tribunal Constitucional tiene como telón de fondo el necesario pronunciamiento sobre los recursos presentados contra el nuevo estatuto de Catalunya, cuya suspensión podría provocar una verdadera tormenta política de imprevisibles consecuencias para el Gobierno. Socialistas y conservadores tratan de neutralizar el previsible sentido de los votos que deben emitir los jueces que promovieron para ocupar plaza en el Tribunal Constitucional. Al final, la politización de la judicatura acaba siendo una losa sobre el propio sistema democrático.
El lamentable proceso en el que se encuentran inmersos el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional obliga a buscar alternativas serias en el mecanismo de elección de los jueces que deben integrar ambas instituciones, todo un reto para la próxima legislatura. Resulta aventurado determinar las fórmulas más adecuadas para desatascar la situación actual, pero es más que evidente que hay que huir del modelo vigente y decantarse por una fórmula de innegable consenso, real y no como un simple pacto de cuotas ideológicas entre las fuerzas políticas mayoritarias.
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