a ministra de Fomento, Magdalena Àlvarez firmó ayer en Palma los convenios de carreteras con los consells de Mallorca y Menorca -un problema burocrático impidió hacerlo con los de Eivissa y Formentera-, que supondrá una aportación de 500 millones de euros a la mejora de la red de carreteras de Balears.
El compromiso de financiación de la Administración central, en el que también participan los consells, tiene un plazo de ejecución amplio -10 años en el caso de Mallorca y 14 en el de Menorca-, excesivo en un territorio que soporta una de las tasas más altas de motorización de Europa; dato que pone en evidencia el grado de saturación en la que se encuentra la red viaria balear a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para paliar el problema.
La firma de este convenio también supone el reconocimiento de la insuficiencia financiera en la que se encuentra Balears para hacer frente a las necesidades de sus propias infraestructuras, en este caso viarias; un aspecto que conviene tener muy presente en la valoración del acto protagonizado ayer por la ministra Àlvarez y las presidentas Armengol y Barceló.
Un punto en el que sí cabe reconocer un avance importante se centra en el respeto, por parte del Ministerio de Fomento, a las decisiones tomadas en el seno de las instituciones insulares sobre el diseño y alcance de las nuevas carreteras. La Administración central cumple, de este modo, con el objetivo de ente colaborador con las comunidades autónomas; uno de los ejes centrales de la estructura del Estado. Madrid debe saber respetar las decisiones que se toman en Balears -en este caso sus consells insulars- en relación al qué y cómo se quieren las nuevas carreteras, con independencia del color político de sus responsables. Esta es la clave.
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