El anuncio de que Costas impulsa de nuevo el deslinde de Sant Joan, con el añadido de la «sorpresa municipal», saca a relucir, de repente y de nuevo, el retraso en la importantísima delimitación del espacio marítimo-terrestre, es decir, los terrenos que el Estado preservará como superficie pública y los que mantendrá con el carácter de privado. El proceso comenzó a finales de la década de los ochenta y dieciocho años después no sólo aún no ha sido culminado, sino que parece empantanado en algunos tramos del litoral pitiuso de gran importancia, entre ellos el municipio de Labritja y la isla de Formentera. Por los antecedentes en el proceso de dibujo de la costa en esta separación de lo que ha de ser público y preservado y lo que no, no es extraño que haya preocupación entre los afectados, que viven necesariamente en un estado de incertidumbre que ninguna administración desde finales de los ochenta ha sido capaz de disipar, una ineficacia que los ciudadanos deben mantener en la memoria para actuar en consecuencia. No se trata de que aquellos consigan mantener una potestad total sobre un ámbito de especial valor, pero sí de que con equidad se les diga hasta dónde llegan sus derechos y desde dónde es obligatorio que cedan al interés público. Mención aparte merecen los errores continuados que se recogen en los trabajos realizados hasta el momento, evidencia de que aún estamos muy lejos de la eficacia y credibilidad que las administraciones públicas deben garantizar. No se trata de pedir lo imposible, pero sí lo indispensable para vivir con seguridad y lógica.