08/05/07 0:00
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Como era previsible, la decisión del Tribunal Supremo anulando todas las listas de Abertzale Socialistak (AS), aceptando su impugnación, y la de otras tantas, aunque no todas, de Acción Nacionalista Vasca (ANV), todas ellas recurridas por la Fiscalía General y la Abogacía del Estado, ha suscitado diferentes reacciones. Desde el Partido Popular (PP) se proclama el respeto al Alto Tribunal, pero se le echa en cara al Gobierno que no ha hecho todo lo posible para evitar que concurrieran todas las candidaturas en las que hay presencia de miembros de Batasuna, lo que consideran una puerta para el regreso de los terroristas a las instituciones. Muchos se preguntan si lo correcto hubiera sido instar directamente la ilegalización de ANV. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿No quería echar más leña al fuego?

Por su parte, la izquierda abertzale muestra su decepción e, incluso, se habla de que el auto judicial instado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha enviado «el proceso al desguace». Es evidente que no es así y que sólo se requeriría el simple paso del rechazo de la violencia de forma explícita para que se permitiera a cualquier formación su concurrencia a las urnas el próximo día 27, como han asegurado por activa y por pasiva desde el Gobierno y el propio partido socialista. Es preocupante, por ello, que desde la izquierda abertzale se intente tensar aún más la cuerda.

Por lo que se refiere a la postura del PP, no parece lo más lógico continuar en el empecinamiento cuando han hablado los tribunales, a falta de que se pronuncie el Constitucional, y las cosas han quedado ya meridianamente claras, salvo, claro está, que se quiera seguir en la estrategia equivocada de usar el terrorismo como arma electoral.

En cualquier caso, debe garantizarse la presencia de cualquier fuerza democrática en un proceso electoral, no hacerlo es una perversión del sistema, pero es lógico que el Estado quiera dotarse de garantías suficientes de que no habrá cauces que conduzcan información y financiación desde esas coaliciones y partidos a organizaciones terroristas que usan el crimen y la extorsión para conseguir sus objetivos.