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El informe de la Guardia Civil publicado en las páginas de este periódico pone en evidencia un hecho realmente grave que debería haber hecho reaccionar con urgencia y firmeza a los responsables del Govern. El presidente del Consell Consultiu -órgano que asesora en asuntos jurídicos al propio Govern-, Miquel Coll, está presuntamente implicado en el caso de corrupción urbanística descubierto en Andratx a finales del año pasado, al ser el abogado particular del empresario Mariano Vives, quien reclama al Ejecutivo 34 millones de euros por sentirse perjudicado en la protección de terrenos en aquella localidad. El veterano abogado utiliza en las cartas intervenidas por la Guardia Civil una expresiones que le hacen sospechoso de un delito de tráfico de influencias.

Al margen de lo que diga la Justicia en su momento, estamos ante un flagrante caso de incompatibilidad moral. No se puede presidir el máximo órgano consultor del Govern y a la vez asesorar desde su propio despacho privado a quienes, reclamando indemnizaciones, pretenden sacar el máximo dinero posible a la Comunitat.

Visto lo sucedido, el nuevo Parlament deberá abordar la necesidad de modificar la composición del Consell Consultiu y el régimen de incompatibilidades de sus miembros. Deben ser, obviamente, juristas de reconocido prestigio, pero no abogados en ejercicio. El riesgo de colisión entre intereses públicos y privados es demasiado evidente. No se puede defender a clientes particulares y a la vez asesorar al Govern.

Excluidos estos profesionales, el margen de elección de candidatos se restringe de forma muy notable. Sólo catedráticos, altos funcionarios y abogados realmente jubilados reunirían las condiciones idóneas para ser miembros de un nuevo Consell Consultiu que puede presentarse ante la sociedad sin ninguna sombra de sospecha.