El brutal enfrentamiento ocurrido este fin de semana en Alcorcón entre jóvenes españoles y latinoamericanos demuestra que el Ministerio de Interior tiene más problemas en España, además del terrorismo. Más de un centenar de jóvenes de esta ciudad dormitorio del extrarradio de Madrid participaron el fin de semana pasado en una auténtica batalla campal que probablemente podría repetirse.
La raíz de estos disturbios hay que buscarla en la ausencia de prevención policial, educativa y cultural, así como en la inexistencia de una política de integración entre la cada vez más numerosa población inmigrante y los vecinos de Alcorcón.
Y esa falta total de prevención es la que ha provocado que pequeñas «maras» o bandas de inmigrantes latinoamericanos hayan ido controlando poco a poco la ciudad ante la paciencia e indignación de la población y la nula o escasa intervención por parte de los responsables políticos.
Lejos de tratarse sólo de una cuestión xenófoba hacia los inmigrantes -tal vez exista también un mínimo componente racial- la violencia en Alcorcón es una respuesta vecinal, nunca justificable con el uso de la violencia, pero comprensible en cuanto a la defensa de unos derechos e intereses que, hoy por hoy, los políticos de la ciudad e incluso el Ministerio de Interior no han calibrado en su justa proporción, permitiendo la creación de las «maras» y la actitud violenta de determinados pandilleros.
Lo ocurrido en Alcorcón no es más que un ejemplo de lo que puede suceder en otras muchas ciudades españoles. Es imprescindible y urgente implantar políticas preventivas a todos los niveles para evitar que el vaso se desborde con actuaciones tan violentas y deleznables.
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