Las revueltas juveniles en Francia vuelven a estar al orden del
día. Si hace unos meses fue el descontento de la segunda generación
de inmigrantes que residen en los extrarradios de las ciudades
galas, ahora son los universitarios quienes han tomado las calles a
raíz de una polémica reforma laboral que permite despedir sin
necesidad de justificación alguna a los menores de 26 años en los
primeros 24 meses de contrato. La suavización de la posición del
primer ministro, Dominique de Villepin, no parece suficiente para
calmar los ánimos de sindicatos y estudiantes, que lo que quieren
es la retirada definitiva de la ley.
Todo apunta a que va a ser necesario algo más para evitar que
Francia se vea abocada, de nuevo, a algo similar al Mayo del 68, lo
que llevaría, inevitablemente, a plantear nuevos modelos políticos
y económicos.
Por el momento, la primera consecuencia de esta crisis es el
debilitamiento de la popularidad de Villepin en favor de Nicolas
Sarkozy dentro del centro derecha y un fortalecimiento de los
socialistas galos.
Es evidente que existen diferencias enormes entre lo que sucede
en París y la realidad española, sometida a otros ritmos e inmersa,
en estos momentos, en el proceso abierto tras el alto el fuego de
ETA. Aunque no es descartable que una más que necesaria reforma del
mercado laboral pueda abocar a situaciones de conflicto si no se
hace con el acuerdo de todos los agentes sociales, no parece
probable que el caso francés tenga consecuencias directas en el
resto de los países europeos.
Sin embargo, sí es preciso tener en cuenta que existe una
influencia directa de la situación de cualquier Estado miembro en
el desarrollo económico y político de la Unión, lo que hace
imprescindible estar vigilantes ante lo que pueda acontecer.
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