El martes, el Congreso esperaba la visita del presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
Francisco Hernando, para que detallara ante los representantes de
la ciudadanía española la nueva política de cumplimiento de
condenas que se está aplicando a los etarras. Pero Hernando no
acudió a la cita, alegando que su cargo le impide hacer
«valoraciones, entrar en la liza política o poner en peligro la
independencia judicial». Curiosa manera de eludir la comparecencia
para un altísimo cargo de una de las instituciones más importantes
del Estado que, sin embargo, se ha permitido opinar una vez tras
otra sobre asuntos polémicos de la política nacional.
Recordemos la controvertida intervención de Hernando sobre el
aprendizaje del catalán en Catalunya, que comparó irónicamente con
la necesidad de aprender a bailar sevillanas en Andalucía;
subrayemos que elaboró, sin que nadie se lo pidiera, un informe del
CGPJ sobre la reforma del Estatut catalán y destaquemos también que
en su momento justificó la muerte de un joven brasileño en Londres
en la lucha contra el terrorismo islámico en Gran Bretaña. Está
visto que a Hernando no le supone ningún problema la idea de
proclamar sus puntos de vista personales sobre asuntos políticos y
por ello sorprende su decisión de «dar plantón» al Parlamento a la
hora de explicar algo que a todos nos interesa. La ahora conocida
como «doctrina Parot» ha sido, sin duda, positivamente acogida por
la mayoría de los españoles, pero a pesar de ello deben
puntualizarse las bases jurídicas que sustentan el cambio. Una vez
más, se demuestra que los enfrentamientos políticos están a la
orden del día en las más altas instancias del poder, perjudicando
el correcto funcionamiento de las instituciones.
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