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El ambiente de expectación, de esperanza casi, que se estaba generando con la anuencia del Gobierno en las últimas semanas acerca de la posibilidad de que el fin de la violencia etarra estuviera más cerca acaba de sufrir un importante revés. ETA ha emitido uno de sus tradicionales comunicados y en él no se menciona el esperado anuncio de tregua o de alto el fuego que muchos anhelaban. Muy al contrario, la banda se limitó a reivindicar ocho atentados recientes e insistió en lo que todos sabemos: reclamó el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco. Una idea que ya aireó hace poco un destacado dirigente de la ilegalizada Batasuna, por lo que podemos deducir que ni los asesinos ni quienes les secundan parecen estar pensando en ceder lo más mínimo en sus pretensiones, por más que Rodríguez Zapatero mantenga, con todo, las esperanzas sobre el fin de ETA.

De cualquier modo, nadie puede pretender que un proceso de estas características se resuelva de forma rápida y sin tropiezos, pues décadas de terrorismo han dejado una huella imborrable, un profundo dolor en la sociedad y una inmensa desconfianza a la hora de afrontar la idea de hacer concesiones a los criminales. De ahí que ayer se acogiera con general satisfacción la decisión del Tribunal Supremo de aplicar a los presos etarras con varias condenas la obligatoriedad de cumplir treinta años de prisión efectiva, en lugar de los veinte que regían hasta ahora. De esta forma, asesinos de la calaña de Henri Parot -con 26 condenas- no podrán beneficiarse de las rebajas a las que tenían derecho unificando en una sus condenas. Así, en cumplimiento de la más estricta justicia, Parot permanecerá encarcelado hasta 2020 y como él, otros sanguinarios líderes etarras.