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La convocatoria de un congreso de Batasuna para el próximo día 21 está provocando un océano de controversias y está siendo aprovechada por el Partido Popular para ejercer un férreo marcaje sobre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha defendido públicamente el derecho a reunirse de los integrantes de esta coalición, a título individual, amparándose en el derecho de reunión que asiste a los ciudadanos y que recoge la Carta Magna. No está, de cualquier forma, tan claro el asunto si tenemos en cuenta que desde hace más de tres años Batasuna es ilegal y se encuentra en la lista de las organizaciones terroristas europeas, con sentencias judiciales firmes en este sentido, lo cual arroja más de una duda razonable sobre si la organización, o sus militantes, pueden acogerse al mencionado derecho.

Desde su llegada al poder, el PSOE sabe -todos los gobiernos anteriores vivieron la misma experiencia- que solucionar el conflicto vasco es una asignatura importantísima en cualquier gestión política, aunque por sus peculiaridades no deba ser la más promocionada. Pero es que, además, a Zapatero se le ha complicado el asunto territorial con temas como la reforma de los estatutos, algo que puede relacionarse, evidentemente, con el proceso de paz de Euskadi.

Para permitir a Batasuna celebrar su congreso debería haberse antes modificado o derogado, aunque sea parcialmente, la ley de partidos. El simple hecho de no haber afrontado el cambio supone poner al Gobierno en una difícil encrucijada. No ceder a las pretensiones de los abertzales puede entenderse por parte de éstos como una ruptura de la voluntad de seguir en el proceso de paz, pero hacerlo es incumplir la ley, salvo que Zapatero y su Gobierno cuenten con el respaldo jurídico necesario para justificar su decisión. De no hacerlo así, el PP tendrá de nuevo munición más que suficiente para proseguir su ofensiva anti-Zapatero.