Loable la iniciativa del ministro de Interior, José Antonio
Alonso, de comprometerse a controlar la venta de drogas en los
alrededores de los centros escolares, una actividad que en algún
momento todos hemos podido contemplar mientras la presencia
policial brillaba por su ausencia. Se trata, en general, de
narcotráfico a muy pequeña escala, pero que tiene el tremendo
efecto secundario de introducir a algunos jóvenes en un mundillo
que, en su euforia adolescente, les resulta excitante y muy
atractivo.
Ya era hora de que las autoridades, desde las más altas del
Estado -en el Ministerio- hasta las municipales -pues las policías
locales también participarán en este operativo- se pongan en marcha
para tratar de frenar una situación que puede desembocar en
auténticos dramas personales y familiares, por no hablar de su
nefasto efecto en la sociedad.
A partir de la próxima semana más de tres mil agentes de la
Policía Nacional y de la Guardia Civil -apoyados por efectivos de
las policías locales- se dispersarán de forma discreta en los
aledaños de los centros educativos más sensibles a estas
actividades para trazar una vigilancia que, a buen seguro, dará sus
frutos.
Es de esperar que el pequeño tráfico de drogas que trata de
captar nuevos «clientes» entre los chavales que van al instituto se
traslade a zonas de ocio, pero ahí también estará presente el plan
del Ministerio, de forma que la actuación policial se lleve a cabo
de forma integral. Tengamos en cuenta que nuestros jóvenes se
inician ya en el mundo de los estupefacientes a los 14 años, lo que
justifica una acción firme, prolongada y, desde luego, que aplique
toda la dureza de la ley -quizá habría que endurecerla más- también
para los pequeños narcotraficantes.
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