La consellera de Salut del Govern balear, Aina Castillo, acaba
de lanzar un órdago al Gobierno de Madrid en lo que puede
interpretarse como una defensa de los intereses del sector de
restauración de las Islas, que tiene una participación muy activa
en el negocio turístico, sostén de nuestra economía. La entrada en
vigor de la ley nacional contra el tabaco el próximo 1 de enero
había creado un elevado clima de preocupación entre los
propietarios de bares y restaurantes a la hora de aplicar la nueva
norma.
Si la ley nacional obliga al propietario de un bar de menos de
cien metros cuadrados a elegir entre permitir el tabaco -dejando
fuera a los menores de 16 años- o prohibirlo -con la consiguiente
pérdida de clientes-, la norma autonómica establece simplemente la
obligatoriedad de definir espacios para fumadores y no fumadores,
aunque sin necesidad de separaciones físicas.
Ante esta situación, la consellera considera que su ley es más
restrictiva que la del Gobierno central, lo cual es muy discutible,
ya que la coexistencia, permitida por la ley autonómica, de mesas
para fumadores y mesas para no fumadores, prácticamente pegadas, no
impide la circulación del humo y, por lo tanto, no se crea un
espacio libre del mismo.
Es indudable, y así hay que reconocerlo, que la consellera de
Salut fue pionera y ejemplo a nivel nacional en cuanto a la lucha
contra el tabaquismo y también que la norma nacional contiene
algunas lagunas notables. Pero enfrentarse jurídicamente al
Gobierno de la nación para defender los intereses de los
empresarios, olvidando la salud de los ciudadanos, parece fuera de
lugar.
La casi siempre eficiente consellera Castillo se está
equivocando esta vez. Ella debe estar del lado de los no fumadores
y apoyar medidas contra el tabaquismo. Si algún conseller quiere
defender a los empresarios de bares y restaurantes, que no sea el
de Salut.
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