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La consellera de Salut del Govern balear, Aina Castillo, acaba de lanzar un órdago al Gobierno de Madrid en lo que puede interpretarse como una defensa de los intereses del sector de restauración de las Islas, que tiene una participación muy activa en el negocio turístico, sostén de nuestra economía. La entrada en vigor de la ley nacional contra el tabaco el próximo 1 de enero había creado un elevado clima de preocupación entre los propietarios de bares y restaurantes a la hora de aplicar la nueva norma.

Si la ley nacional obliga al propietario de un bar de menos de cien metros cuadrados a elegir entre permitir el tabaco -dejando fuera a los menores de 16 años- o prohibirlo -con la consiguiente pérdida de clientes-, la norma autonómica establece simplemente la obligatoriedad de definir espacios para fumadores y no fumadores, aunque sin necesidad de separaciones físicas.

Ante esta situación, la consellera considera que su ley es más restrictiva que la del Gobierno central, lo cual es muy discutible, ya que la coexistencia, permitida por la ley autonómica, de mesas para fumadores y mesas para no fumadores, prácticamente pegadas, no impide la circulación del humo y, por lo tanto, no se crea un espacio libre del mismo.

Es indudable, y así hay que reconocerlo, que la consellera de Salut fue pionera y ejemplo a nivel nacional en cuanto a la lucha contra el tabaquismo y también que la norma nacional contiene algunas lagunas notables. Pero enfrentarse jurídicamente al Gobierno de la nación para defender los intereses de los empresarios, olvidando la salud de los ciudadanos, parece fuera de lugar.

La casi siempre eficiente consellera Castillo se está equivocando esta vez. Ella debe estar del lado de los no fumadores y apoyar medidas contra el tabaquismo. Si algún conseller quiere defender a los empresarios de bares y restaurantes, que no sea el de Salut.