El reciente informe del comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, el español Àlvaro Gil-Robles, establece que si bien se aprecia hoy en España una sólida cultura de respeto a dichos derechos, también existen aspectos que deben mejorar y recomienda que en tres asuntos debe procurarse un mayor esmero: en lo concerniente a los malos tratos, que se producen de manera esporádica y no sistemática, pero que suelen quedar impunes; en lo relativo al hacinamiento y deficientes condiciones que se dan en nuestra prisiones; y finalmente en lo tocante al trato a los inmigrantes ilegales. Tratándose de los malos tratos y torturas era evidente que Gil-Robles tenía que referirse a lo ocurrido en julio en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, y lo hace con estupor al preguntarse cómo es posible que en este caso el juez que instruye las denuncias se limite a pedir información a los propios denunciados y se conforme con su respuesta y archive el caso sin más averiguaciones. En el informe, además de proponerse una revisión a fondo de los procedimientos actuales de investigación interna de las fuerzas de seguridad, se sugiere alargar los plazos de prescripción de los delitos de tortura, considerándose incluso su imprescriptibilidad. Sobre las prisiones españolas se destaca que el hacinamiento y las deficientes condiciones hacen muy difícil el objetivo básico de la reinserción. Por último, al hilo de las crisis de inmigración habidas en Ceuta y Melilla se ponen de relieve serias violaciones de los derechos de las personas, concretamente el que muchas veces no se respete la prohibición de las órdenes de expulsión colectivas -debe examinarse individualmente cada caso-, al tiempo que se denuncia el deficiente estado de los centros de acogida para inmigrantes. Todo ello configura un cuadro que merece ser pulido en sus más esenciales aspectos. La España democrática que ha dejado atrás períodos en los que los derechos humanos eran sistemáticamente vulnerados debe no obstante esforzarse aún más en limar aquellas aristas que a la larga podrían resultar lesivas para el conjunto del Estado de derecho.