La Conferencia de Presidentes del pasado sábado acabo con un
«acuerdo de mínimos» sobre la financiación sanitaria que deberá ser
ratificado por las comunidades autónomas y el Gobierno central en
la próxima reunión del Consejo de Política Económica y Fiscal. El
presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, incrementó
sensiblemente la propuesta inicial, incluyendo 70 millones de euros
adicionales para Balears, en compensación del incremento de la
población y de la insularidad.
Pese al esfuerzo realizado por el Gobierno, este aumento no
supone una solución definitiva, puesto que existen problemas de
fondo en la sanidad que deben ser abordados de forma consensuada
por todos los partidos políticos. De hecho, las prestaciones de la
sanidad pública son diferentes de una comunidad autónoma a otra; en
unas regiones se ofrecen servicios que no se contemplan en otras. Y
eso, sin duda, supone un agravio comparativo entre ciudadanos de un
mismo Estado. Todo esto, amén del gasto farmacéutico dispar y de la
atención médica gratuita a extranjeros.
En cualquier caso, es evidente que el dinero para afrontar todos
estos gastos debe obtenerse de algún lado. Y, en este sentido,
existen sensibles diferencias de criterio. Mientras algunos abogan
por aumentar impuestos indirectos como los que gravan alcohol,
tabaco o combustibles, otros son partidarios de incrementar los
directos para que paguen más quienes más tienen. También se habla
de la posibilidad de establecer un canon por servicio prestado.
Las opciones están sobre la mesa, pero si de verdad se quiere
abordar el problema con garantías, es imprescindible el acuerdo y
el consenso. En temas tan sensibles como la sanidad o la educación,
no sería bueno que se adoptaran actitudes partidistas.
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