Hace ya bastantes años conoció fortuna un eslogan, convertido
después en cancioncilla, que llamaba a la participación general en
la lucha contra los incendios forestales estableciendo aquello de
«todos contra el fuego». Entonces, la normativa al respecto no
estaba muy desarrollada y se perseguía sobre todo que la población
tomara conciencia del problema. Ha pasado el tiempo y hoy, cuando
ya contamos con leyes apropiadas, el problema subsiste.
Y es que la cuestión no estriba tan sólo en que estemos todos
contra el fuego, sino en que se haga «todo» contra el fuego, todo
lo posible para evitarlo. Lamentablemente, lo cierto es que no se
hace. Cuesta entender, por ejemplo, que dos años después de que se
aprobaran medidas concretas de protección contra el fuego en
aquellas urbanizaciones que han penetrado en el espacio natural del
bosque, no se estén aplicando. La relación existente entre
incendios forestales y zonas urbanizadas es hoy incuestionable en
la mayoría de casos.
La convivencia de bosque y viviendas llevó al establecimiento de
normas que obligaban a mantener una franja limpia de vegetación que
separase a unas del otro. Pero tales disposiciones raramente se
cumplen ya que propietarios y ayuntamientos alegan sistemáticamente
no poder sufragar la limpieza oportuna de arbustos y matorrales.
Bien está que a raíz del trágico incendio de Guadalajara se hayan
tomado una serie de medidas tales como la prohibición de encender
un fuego en espacios abiertos o la utilización de cierto tipo de
maquinaria peligrosa al respecto, etc, pero ello, como se está
viendo, resulta insuficiente. Desaparecidos en muchos lugares los
campos de cultivo, que actuaban como cortafuegos naturales, y
habiendo sido sustituidos por urbanizaciones, el riesgo de incendio
persistirá mientras no se aplique la legislación en serio. Es
decir, mientras no se haga «todo» contra el fuego.
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