Que la Ley está ahí para cumplimiento de todos es una verdad de
perogrullo que parece increíble que tengamos que estar recordando
continuamente. Porque resulta del todo injustificable que sea la
propia Administración la que, en algunos casos, se resista a
cumplir con lo que exige la propia normativa legal. Lo que ocurrió
ayer en la Costa de los Pinos, donde guardas de seguridad del
periodista Pedro J. Ramírez intentaron impedir violentamente el
paso por la zona pública a un grupo de políticos mallorquines y a
un representante de la soberanía popular -un diputado catalán de
ERC en el Parlamento español- es ciertamente grave. Tras los
incidentes registrados ayer, deben ser los tribunales quienes
determinen quién infringió la ley.
El Gobierno central no puede demorar por más tiempo la
publicación en el BOE de la orden ministerial de 2001 y la
resolución de junio de 2005 que legalizan y regulan la piscina que
ahora usufructúa en exclusiva la familia Ramírez-De la Prada en esa
zona del litoral mallorquín, que debería estar accesible para
cualquier ciudadano. Una norma, para ser acatada, debe ser conocida
y, para ello, publicada. La ministra y el director general de
Costas tienen que dejar de hacer interpretaciones verbales y
publicar aquello que ordenan. De momento, no consta oficialmente
que en esa finca concreta se haya suprimido la servidumbre de
paso.
Una dejación por parte de los organismos competentes es la que
propicia hechos como los de ayer: que guardas jurados sin ningún
tipo de jurisdicción conocida cierren el paso en una zona pública;
que una piscina que tiene en teoría el uso público suspendido siga
reservada para el disfrute exclusivo de un particular que, además,
hace ostentación de ello en las revistas de moda. Esta ineficacia
resulta sorprendente cuando fue la misma ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, la que anunció, como objetivo principal
de su mandato, «recuperar la costa para todos los ciudadanos». ¿Hay
excepciones?
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