05/08/05 0:00
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Aunque parezca extemporáneo en la España de 2005, el ministro de Interior tendrá que comparecer ante el Congreso en plenas vacaciones parlamentarias para dar cuenta de la muerte violenta de un ciudadano almeriense mientras estaba bajo custodia de la Guardia Civil de Roquetas. Los hechos ocurrieron hace diez días y sólo ahora se ha tenido acceso al informe de la autopsia, que revela que Juan Martínez, un agricultor de 39 años, sufrió numerosos golpes y falleció por insuficiencia respiratoria mientras se hallaba en el cuartel de la Benemérita de la localidad.

Naturalmente, estos hechos son excepcionales y no tienen nada que ver con lo que sucede habitualmente en las actuaciones de los agentes del Cuerpo -al parecer, se utilizaron, entre otras cosas, armas no reglamentarias-.

Ahora bien, precisamente por eso, debe exigirse una investigación imparcial, rápida y que las autoridades ofrezcan las pertinentes explicaciones, así como que se depuren todas las responsabilidades que se deriven de este caso.

De momento nueve guardias civiles, entre ellos un teniente que ya contaba con una denuncia reciente por malos tratos en su contra, están suspendidos por su presunta participación en este dramático hecho ocurrido cuando Juan Martínez acudió al cuartel tras sufrir un accidente de tráfico.

Al parecer, allí sufrió una crisis nerviosa, se puso agresivo y tuvo que ser reducido. La investigación deberá determinar si participaron y en qué grado los agentes de la Benemérita en la agresión al agricultor que acabó con el fatal resultado de su fallecimiento.

Es preciso que los hechos se esclarezcan con la mayor brevedad y que actúe la Justicia y, en el caso de confirmarse una actuación ilegal de los agentes, que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley.